El exasesor de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, ha declarado ante el tribunal que no se medicalizaron las residencias durante el inicio de la pandemia debido a la falta de médicos. En su comparecencia, Burgueño también afirmó haber elaborado un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego atribuyó la responsabilidad a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este testimonio es considerado clave por asociaciones que buscan esclarecer la gestión de la crisis en las residencias y el trato hacia los mayores durante la pandemia. La declaración se enmarca en un procedimiento judicial relacionado con la crisis sanitaria y las decisiones tomadas en ese periodo.
El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha declarado este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba que en los primeros días de la pandemia, las residencias no fueron medicalizadas debido a la falta de médicos. Esta afirmación se produjo en el marco de su declaración como imputado en un caso relacionado con la crisis sanitaria y la gestión de las residencias durante la emergencia del COVID-19.
En el tribunal, donde también estaban citados Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor, las comparecencias han sido suspendidas por la falta de notificación del informe del Ministerio Fiscal a las partes implicadas, según informó EFE.
Burgueño ha señalado que la decisión de no medicalizar las residencias recae en el Gobierno central, responsabilizando al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. En sus declaraciones a los medios, subrayó que la ausencia de médicos fue el motivo principal para no llevar a cabo esta medida crítica durante la crisis sanitaria.
Además, ha admitido que elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque posteriormente afirmó que fue un encargo directo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. En marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su asesor principal para enfrentar la pandemia y le encomendó crear un plan que incluía medidas para medicalizar las residencias, algo que finalmente no se concretó.
Las organizaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que el testimonio de Burgueño puede ser fundamental para esclarecer por qué se tomó una decisión tan controvertida respecto a los ancianos en residencias. Se destaca que Carlos Mur firmó un protocolo que prohibió el traslado de mayores desde estas instalaciones hacia hospitales públicos, mientras que Peromingo es visto como el autor intelectual del documento.
Ambos ya han enfrentado declaraciones en otros procedimientos judiciales como imputados. Este caso específico en Collado Villalba no está vinculado a las querellas presentadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021 ni a las denuncias colectivas coordinadas por dichas entidades; fue promovido por un particular cuyo familiar falleció en el Hospital La Fuenfría, ubicado en Cercedilla.
Antonio Burgueño es un exasesor de la Comunidad de Madrid que estuvo involucrado en la gestión de la crisis sanitaria durante el inicio de la pandemia de COVID-19.
Burgueño ha reconocido que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos disponibles para hacerlo y ha responsabilizado al Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria en 2020.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, nombró a Burgueño como su principal asesor para enfrentar la pandemia y le encargó elaborar un plan de choque, aunque él también afirmó haberlo hecho por iniciativa propia.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para entender por qué se discriminó a las personas mayores en las residencias durante la crisis.
Además de Burgueño, están implicados Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el autor intelectual del protocolo que impidió el traslado de personas mayores a hospitales.