El Parlamento de Israel ha aprobado una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinato terrorista. Esta medida, que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, obligará a los tribunales militares israelíes a imponer esta pena a los palestinos en Cisjordania, mientras que los tribunales ordinarios podrán optar por la cadena perpetua para ciudadanos israelíes. La reforma fue respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y promovida por el ultranacionalista Itamar Ben Gvir. Críticas han surgido sobre su carácter discriminatorio y su posible inconstitucionalidad, con organizaciones civiles ya presentando recursos ante el Tribunal Supremo.
El Parlamento de Israel, conocido como la Knéset, ha dado luz verde a una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para aquellos considerados culpables de asesinato terrorista. Esta medida ha suscitado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos, que advierten que su aplicación se centrará principalmente en los palestinos y no en los ciudadanos judíos israelíes.
La ley fue aprobada con un resultado de 62 votos a favor frente a 48 en contra. Según el texto legal, salvo excepciones aún no definidas, los tribunales militares israelíes estarán obligados a imponer esta pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada hallados culpables de este delito. En contraste, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes tendrán la opción de aplicar cadena perpetua, lo que añade condiciones más estrictas para su imposición.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estuvo presente durante la votación y apoyó la reforma promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultranacionalistas. Tras la aprobación de la ley, Ben Gvir intentó celebrar con una botella de champán, aunque un ujier le impidió hacerlo.
En medio del debate sobre esta legislación, se produjo un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la región de Tel Aviv. Durante las discusiones en el Parlamento, el diputado Matti Sarfatti del partido opositor 'Yesh Atid' (Hay Futuro) criticó la ley, describiéndola como "populista, inmoral y no igualitaria", y afirmó que es "claramente inconstitucional".
Diversas organizaciones civiles han reaccionado ante esta nueva normativa. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnarla. Estas entidades califican la reforma como "draconiana" y "discriminatoria por diseño", argumentando que carece de autoridad legal sobre la población en Cisjordania y cuestionan su efectividad como elemento disuasorio frente a futuros ataques.
Se ha aprobado la pena de muerte por ahorcamiento como condena por defecto para los palestinos residentes en Cisjordania ocupada que sean encontrados culpables de asesinato terrorista.
A los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes se les da la posibilidad de aplicar cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, estipulando más condiciones para imponerla.
La reforma fue promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien es considerado ultranacionalista y supremacista judío.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la ley es discriminatoria y se aplicará principalmente a los palestinos, considerándola draconiana e inconstitucional.
Organizaciones civiles, como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, han recurrido la ley ante el Tribunal Supremo, argumentando que carece de autoridad legal sobre la población de Cisjordania.