El Gobierno de España, junto con el Defensor del Pueblo y la Iglesia, ha firmado un protocolo para implementar un nuevo sistema de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Este acuerdo establece un mecanismo mixto que comenzará a funcionar el 15 de abril y tendrá una duración inicial de un año. Las modalidades de reparación incluirán compensaciones simbólicas, restaurativas y económicas, considerando la gravedad de los abusos y los daños sufridos. Se crearán unidades específicas para gestionar las solicitudes y evaluar los casos, asegurando un proceso justo y transparente para las víctimas.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego, han formalizado un protocolo de colaboración que establece un nuevo sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
Este acuerdo, que se deriva del pacto firmado en enero entre el Gobierno, la CEE y la CONFER, detalla los procedimientos y plazos para la implementación del sistema, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 15 de abril. La duración inicial será de un año, con posibilidad de prórroga por otro año adicional.
Durante la firma del protocolo, el ministro Bolaños destacó que este es un “día de justicia” para las víctimas, reconociendo su papel esencial en la materialización de este acuerdo pionero a nivel mundial.
El documento especifica que las modalidades de reparación podrán ser simbólicas o restaurativas. Esto incluye el reconocimiento institucional y herramientas para acompañamiento o disculpas, así como compensaciones económicas por los daños sufridos y los gastos relacionados con tratamientos por secuelas físicas y psicológicas.
Además, aquellas víctimas que ya hayan accedido al sistema de reparación establecido por la Iglesia en 2024 (PRIVA) tendrán la opción de recurrir al nuevo mecanismo mixto.
Las compensaciones económicas se determinarán teniendo en cuenta la gravedad del abuso sufrido y el daño causado, así como cualquier otra compensación recibida previamente a través de otros modelos impulsados por la Iglesia.
El protocolo también establece que el Ministerio de la Presidencia creará una Unidad de Tramitación encargada de recibir solicitudes, ofrecer orientación sobre su presentación y gestionar la comunicación entre las partes. Esta unidad se ocupará también de notificar propuestas y recopilar informes necesarios.
Por su parte, el Defensor del Pueblo formará una Unidad de Víctimas que llevará a cabo evaluaciones individualizadas con un equipo independiente. Esta unidad elaborará propuestas sobre el reconocimiento del estatus de víctima y su correspondiente reparación.
La CEE y CONFER participarán mediante una Comisión Asesora (Comisión Asesora PRIVA), que emitirá informes motivados sobre cada valoración relacionada con el reconocimiento y reparación formulada por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
El proceso comenzará cuando una víctima complete un formulario y lo presente ante la Unidad de Tramitación. Este formulario será enviado a la Unidad de Víctimas para su evaluación.
Una vez estudiado el caso y escuchadas todas las partes involucradas, esta unidad emitirá una valoración sobre si se concede o deniega la solicitud en un plazo máximo de tres meses. La Unidad de Tramitación enviará esta valoración a la Comisión Asesora PRIVA, que deberá emitir su criterio motivado en un plazo no superior a dos meses.
La decisión final del Defensor del Pueblo junto con la respuesta de la Comisión PRIVA será comunicada al solicitante. Este tendrá 15 días para manifestar su conformidad o presentar alegaciones. Si hay acuerdo entre todas las partes, dicha valoración se considerará definitiva y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento.
En caso contrario, si alguna parte expresa disconformidad, se enviarán los informes pertinentes al Defensor del Pueblo para su análisis. Este convocará a la Comisión Mixta con el objetivo de alcanzar un consenso dentro del mes siguiente. Si no se logra dicho acuerdo, prevalecerá lo decidido por el Defensor del Pueblo, quien informará tanto a la víctima como a la Comisión Asesora PRIVA para proceder con su ejecución.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 15 de abril | Fecha de entrada en funcionamiento del nuevo sistema |
| 1 año | Duración del protocolo, prorrogable a otro año más |
| 3 meses | Plazo para la valoración de solicitudes |
| 2 meses | Plazo máximo para que la Comisión Asesora PRIVA dé a conocer su criterio motivado |
| 15 días | Plazo para que la víctima exprese su conformidad o no |
| 15 días | Plazo para que el Defensor del Pueblo analice alegaciones y convoque a la Comisión Mixta |
| 1 mes | Plazo para alcanzar un acuerdo por consenso en la Comisión Mixta |
El protocolo ha sido firmado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego.
El objetivo es establecer un sistema mixto de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que incluye modalidades simbólicas, restaurativas y económicas.
El nuevo sistema está previsto para entrar en funcionamiento el 15 de abril y tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable por otro año más.
Las reparaciones podrán ser simbólicas o restaurativas, así como económicas, teniendo en cuenta la gravedad de los abusos sufridos y los daños provocados.
Se creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes y una Unidad de Víctimas que evaluará individualmente cada caso. La Comisión Asesora PRIVA emitirá informes sobre estas valoraciones.
Si alguna parte muestra disconformidad, se convocará a una Comisión Mixta para intentar alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo determinado. Si no se alcanza un acuerdo, prevalecerá la valoración efectuada por el Defensor del Pueblo.