España se posiciona por encima de la media de la OCDE en integridad pública y lucha contra la corrupción, según el último Informe bienal de la OCDE. El país destaca en varios indicadores, como la gestión de conflictos de intereses y el acceso a la información pública. La implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción ha sido reconocida como un avance significativo. Sin embargo, se identifican áreas de mejora, especialmente en la regulación y práctica relacionada con los grupos de interés y la financiación de partidos políticos. Las conclusiones resaltan un marco normativo robusto, aunque se requiere mayor efectividad en su aplicación práctica.
En el marco del Foro Global sobre Anticorrupción e Integridad, la OCDE ha presentado su Informe bienal sobre integridad y anticorrupción, junto con la ficha-país de España. Este documento destaca los resultados específicos para cada nación y se convierte en una herramienta clave para el análisis comparativo que busca mejorar las políticas de integridad pública.
Según el informe, España se sitúa por encima de la media de la OCDE en casi todos los indicadores evaluados. Entre los aspectos más destacados se encuentra el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, así como el Anteproyecto de Ley que lo implementará, ambos considerados como estrategias integrales reconocidas por la OCDE. Además, se resalta el alto rendimiento en la gestión de conflictos de intereses y se señala como área de mejora la aprobación final de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria.
El informe detalla varios indicadores importantes, entre ellos:
Estrategia: España logra un cumplimiento del 53% en su marco regulatorio y un 17% en implementación práctica, superando las medias de la OCDE que son del 38% y 32%, respectivamente. Se valora positivamente tanto la adopción del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción por parte del Consejo de Ministros como su implementación a través del APL de Integridad Pública, marcando un hito al ser el primer marco estratégico formalmente aceptado por esta organización.
Conflictos de Intereses: Con un 89% de cumplimiento en ambos aspectos (marco regulatorio y práctica), España está muy por delante del promedio OCDE que es del 80% y 43%. La gestión rigurosa y detallada de las “declaraciones de intereses” por parte de altos cargos es especialmente valorada, aunque se identifican oportunidades para mejorar con el anteproyecto de ley sobre Administración Abierta.
Acceso a la información pública: España presenta un 89% en normativa y un 81% en práctica, comparado con un 72% y 62% en la OCDE. Se destacan los avances hacia el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos (Convenio de Tromsø) y la amplia información administrativa disponible activamente en el Portal de Transparencia.
Grupos de interés: En este ámbito, España cumple con un 40% en el marco regulatorio pero solo con un 0% en práctica, frente a medias OCDE del 43% y 38%. Esto se debe a que aún está pendiente la aprobación del PL de Transparencia e Integridad para los Grupos de Interés (conocida como ley de lobbies). Sin embargo, se reconoce el esfuerzo realizado para avanzar en este texto legislativo hacia las Cortes Generales.
Financiación de partidos políticos: El país presenta un cumplimiento del 70% en regulación y un 43% en práctica, mientras que las medias OCDE son del 76% y 58%. Se valora positivamente el marco normativo robusto que establece sanciones proporcionales a las infracciones cometidas y prohíbe contribuciones a partidos políticos desde entidades públicas o extranjeras. Todos los partidos deben informar sobre sus finanzas durante campañas electorales.
Integridad Judicial: España obtiene un notable 88% en materia regulatoria y un 64% en práctica, frente al promedio OCDE que es del 66% y 45%. Se celebra especialmente el marco regulatorio aplicable al Poder Judicial y la transparencia dentro del CGPJ, así como la reciente aprobación e implementación práctica de la ley que protege a quienes informan sobre infracciones normativas.
Integridad del Ministerio Fiscal: Con un cumplimiento normativo del 76% y práctico del 74%, comparado con el promedio OCDE (66% y 52%), se destacan medidas positivas como el “Código Ético del Ministerio Fiscal” y un canal interno para denuncias.
Sistema disciplinario: España alcanza un impresionante 92% en regulación pero solo un 17% en implementación práctica; esto contrasta con las medias OCDE que son del 66% y 22%. A pesar del sólido marco normativo existente, se señala como área a mejorar la creación y publicación de guías estandarizadas sobre procedimientos disciplinarios dentro de la Administración General del Estado.
| Indicador | Cumplimiento España (%) | Media OCDE (%) |
|---|---|---|
| Estrategia (Marco regulatorio) | 53 | 38 |
| Estrategia (Implementación práctica) | 17 | 32 |
| Conflictos de Intereses (Cumplimiento) | 89 | 80 |
| Acceso a la información pública (Normativa) | 89 | 72 |
| Acceso a la información pública (Práctica) | 81 | 62 |
| Sistema disciplinario (Marco regulatorio) | 92 | 66 |
| Sistema disciplinario (Implementación práctica) | 17 | 22 |
Se ha publicado el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE, que incluye una ficha-país correspondiente a España.
España puntúa por encima de la media de la OCDE en prácticamente todos los indicadores analizados, destacándose especialmente en la lucha contra la corrupción y la gestión de conflictos de intereses.
España obtiene un cumplimiento del 89% en la gestión de conflictos de intereses y un 89% en el acceso a la información pública, ambos muy por encima de las medias de la OCDE.
Se señala como área de mejora la aprobación final de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en trámite parlamentario.
España tiene un cumplimiento del 70% en marco regulatorio y 43% en práctica respecto a la financiación de partidos políticos, lo que es inferior a las medias correspondientes en la OCDE.
Se destaca la adopción del “Código Ético del Ministerio Fiscal” y el establecimiento de un canal interno para denuncias como medidas especialmente positivas.