Tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat han sido citados a declarar como testigos en el caso de las viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, debido a posibles irregularidades en su adjudicación. La magistrada ha programado estas declaraciones para el 15 de abril, a petición de la Fiscalía. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha prometido máxima transparencia en la investigación municipal sobre este escándalo que ha llevado a varias dimisiones en el Ayuntamiento. La comisión creada buscará aclarar la intervención del Consistorio en el reparto de 140 viviendas del complejo Les Naus.
La magistrada encargada de investigar las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) situadas en la Playa de San Juan, Alicante, ha decidido citar a declarar como testigos a tres altos funcionarios de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat. Esta declaración está programada para el 15 de abril, a solicitud de la Fiscalía.
Los convocados son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda y el secretario territorial adjunto de Vivienda. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado esta información.
En paralelo, la jueza ha ordenado que se envíe un oficio a la Conselleria para esclarecer si ciertos informes presentados en el caso fueron elaborados únicamente por el secretario territorial adjunto o si recibió asistencia de otros empleados públicos. En caso afirmativo, se requerirá que se identifique a estos colaboradores y sus respectivos cargos dentro del organigrama institucional.
El escándalo relacionado con Les Naus emergió en los medios a finales de enero y ha desatado una crisis política en el Ayuntamiento de Alicante, resultando en varias dimisiones notables. Entre los afectados se encuentra la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como María Pérez-Hickman, directora general municipal, cuyos familiares han adquirido una VPP. Además, varios arquitectos y técnicos han sido suspendidos o están bajo investigación.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del Partido Popular, ha manifestado su compromiso con la "máxima transparencia" durante la comisión municipal creada para esclarecer las irregularidades en el proceso de adjudicación. Esta comisión incluye representantes de partidos opositores como Vox y busca aclarar los detalles sobre cómo se distribuyeron las 140 viviendas del complejo residencial Les Naus.
Barcala explicó que el propósito es aclarar cualquier aspecto confuso y permitir que todos los partidos formulen preguntas pertinentes. Aseguró que la intervención del Ayuntamiento se limita a la venta del terreno y al trámite correspondiente para obtener licencias de obras. Sin embargo, no tiene información sobre los resultados de los expedientes abiertos hasta ahora.
El alcalde también indicó que se proporcionará información disponible en la próxima reunión programada para el miércoles, aunque advirtió que algunos expedientes son confidenciales y no pueden ser divulgados. En cuanto a si el Ayuntamiento tomará parte activa en el proceso judicial abierto por una jueza local como acción popular, Barcala afirmó que ya se ha entregado toda la información solicitada por ella y que lo mismo ocurrirá con cualquier dato proveniente de la comisión municipal.
A pesar del clamor público por conocer nombres vinculados a posibles irregularidades, Barcala evitó hacer acusaciones específicas. Subrayó que aún no se conoce "el grado de responsabilidad" individual y consideró inapropiado señalar culpables antes del pronunciamiento oficial por parte del juez encargado del caso.
Han sido citados a declarar tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat: el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.
Las declaraciones están programadas para el próximo 15 de abril.
Se investigan posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la zona de la Playa de San Juan, en Alicante.
El alcalde Luis Barcala ha prometido actuar con "la máxima transparencia" y ha constituido una comisión municipal para aclarar las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas.
El alcalde ha indicado que la participación del Ayuntamiento se limita a la venta de la parcela y a la tramitación de la licencia de obras, sin embargo, algunos funcionarios han sido apartados o han enfrentado expedientes.
El alcalde ha afirmado que se decidirá si se persona o no en función de si hay hechos que justifiquen acciones penales, y que ya se ha trasladado toda la información solicitada por la magistrada.