Más de 50 organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y sociales han exigido al Gobierno de España el cumplimiento del calendario de cierre nuclear acordado para la central de Almaraz. Según este plan, los reactores I y II deberían cerrarse en 2027 y 2028. Las entidades advierten que prorrogar su funcionamiento hasta 2030 costaría a la ciudadanía más de 3.800 millones de euros y pondría en riesgo inversiones por 26.129 millones en energías renovables. El manifiesto destaca la necesidad de transitar hacia fuentes de energía renovables y critica la gestión actual de residuos radiactivos, instando al cierre definitivo de las nucleares en la península ibérica para 2035.
Más de 50 organizaciones, que incluyen grupos ecologistas, vecinales, sindicales y sociales, han hecho un llamado al Gobierno de España para que respete el calendario establecido para el cierre de las centrales nucleares. De acuerdo con el plan acordado entre el Ejecutivo y las compañías eléctricas, los reactores I y II de Almaraz deberían ser los primeros en cerrar, programados para 2027 y 2028, respectivamente.
La posible prórroga de la operación de Almaraz hasta 2030 podría costar a la ciudadanía más de 3.800 millones de euros, además de amenazar inversiones por un total de 26.129 millones de euros en energías renovables.
El 11 de marzo marca el 15 aniversario del accidente de Fukushima, un evento que ha impulsado la presentación del manifiesto titulado ‘Alargar las nucleares, no gracias’. Este documento ha sido respaldado por un amplio colectivo que incluye a Greenpeace y otras organizaciones ecologistas y sociales. El manifiesto exige al Gobierno español que cumpla rigurosamente con el calendario acordado para el cierre de las centrales nucleares en la península ibérica, comenzando por los reactores I y II de Almaraz.
Las entidades firmantes han denunciado las presiones ejercidas por las empresas eléctricas para extender la operación de la central extremeña hasta 2030. A pesar del acuerdo inicial sobre el plan de cierre, la empresa operadora de Almaraz, participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha solicitado una prórroga para el reactor I hasta 2030. Si se aprueba esta solicitud, se retrasaría el cierre programado al menos tres años. Esta extensión implicaría un costo adicional acumulado en la factura eléctrica estimado en 3.831 millones entre 2026 y 2033.
El manifiesto subraya la necesidad urgente de transitar hacia fuentes de energía renovables que sean locales y democráticas, con el objetivo de combatir el cambio climático y garantizar la seguridad energética. “La energía nuclear es un obstáculo para un futuro más estable”, afirman los firmantes.
Además del riesgo inherente a la energía nuclear, se destaca el problema no resuelto acerca de la gestión de residuos radiactivos. Las organizaciones alertan sobre cómo se han desaprovechado 29,5 millones de MWh provenientes de fuentes renovables debido a la prioridad que recibe la energía nuclear en la red eléctrica. También recuerdan que esta fuente no proporciona seguridad ni robustez al sistema eléctrico, como evidenció el apagón ocurrido en 2025.
Las organizaciones enfatizan que es responsabilidad del Gobierno español decidir si autoriza o no la prórroga solicitada para Almaraz. Según su interpretación legal, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear no es vinculante a menos que sea negativo; así que cualquier decisión debe alinearse con las políticas energéticas y climáticas del Ejecutivo. La prolongación del funcionamiento nuclear afectaría negativamente a la transición energética y generaría incertidumbre sobre la rentabilidad tanto de proyectos renovables existentes como futuros.
La gestión inadecuada de residuos radiactivos también es motivo de preocupación. Los sitios nucleares almacenan grandes cantidades de combustible gastado que permanecerán radiactivos durante miles de años. Se critica especialmente la ampliación del cementerio nuclear en El Cabril (Córdoba), una instalación diseñada solo para residuos radiactivos de baja y media actividad.
Ante esta situación, las organizaciones exigen:
"Si la energía nuclear solo resulta rentable con precios altos y requiere apoyo gubernamental para operar, entonces simplemente debe cerrarse", concluye el manifiesto.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 3.818 millones de euros | Costo acumulado en la factura de la luz si se prorroga el funcionamiento de Almaraz hasta 2030. |
| 26.129 millones de euros | Inversiones en energías limpias que estarían en riesgo por la prórroga de Almaraz. |
| 2027 | Año previsto para el cierre del reactor I de Almaraz. |
| 2028 | Año previsto para el cierre del reactor II de Almaraz. |
Más de 50 organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y sociales han presentado un manifiesto para reclamar al Gobierno de España que cumpla el calendario de cierre nuclear.
Según el plan acordado, el reactor I de Almaraz debería cerrarse en 2027 y el reactor II en 2028.
La prórroga de Almaraz hasta 2030 supondría un sobrecoste acumulado en la factura de la luz de aproximadamente 3.818 millones de euros entre 2026 y 2033.
Las organizaciones destacan que la energía nuclear representa un obstáculo para un futuro más estable y seguro, además del problema no resuelto sobre la gestión de residuos radiactivos.
Exigen el cierre de los reactores de Almaraz en las fechas acordadas, el fin de la energía nuclear en la península ibérica a más tardar en 2035, y que no se subvencione a las nucleares con rebajas fiscales.
Alertan que una prolongación de la vida útil de las centrales nucleares podría poner en riesgo 26.129 millones de euros en inversiones previstas en energías limpias.