El Parlament de las Islas Baleares ha derogado la Ley de Memoria Democrática, impulsada por Vox y apoyada por el PP, a pesar de que este último había respaldado partes de la ley en 2018. La derogación ha generado un intenso debate, con críticas de la oposición que acusan al PP de romper pactos previos. Los defensores de la ley argumentan que su eliminación es un ataque a los derechos humanos y una falta de reconocimiento a las víctimas del franquismo. Aunque se mantiene la Ley de Fosas, se prevé una reducción en políticas de memoria y un mayor margen para recortes en programas educativos relacionados. La decisión ha provocado manifestaciones en contra y tensiones en el Parlamento, donde se han recordado incidentes polémicos recientes.
El Parlament de las Islas Baleares ha tomado la decisión de derogar la Ley de Memoria Democrática, una iniciativa impulsada por Vox que ha contado con el respaldo del Partido Popular (PP) y ha sido rechazada por todos los partidos de izquierda en la Cámara. Esta acción representa un logro significativo para Vox, que ha visto cumplido uno de sus principales objetivos políticos en esta legislatura, a pesar de que el PP había apoyado parcialmente la ley en 2018, cuando estaba bajo el mando del gobierno socialista de Francina Armengol.
Durante el debate sobre la derogación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez presentó una lista de personas que fueron asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, argumentando que muchas calles renombradas tras la implementación de las leyes de memoria no estaban relacionadas con el golpe de Estado franquista de 1936.
La presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, expresó su profundo descontento al calificar la anulación de esta ley como “un acto muy grave en democracia y doloroso”, señalando que se están derogando derechos humanos fundamentales. El debate parlamentario fue tenso, con los representantes políticos recordando constantemente a las víctimas tanto del bando republicano como del franquismo.
La diputada del PP, Cristina Gil, defendió que la ley memorialista balear no busca unir a la sociedad, sino más bien dividirla y “reescribir la historia”. En este contexto, recordó que uno de los bombardeos más devastadores en Mallorca fue llevado a cabo por aviones republicanos en mayo de 1937, resultando en numerosas muertes y heridos entre mujeres y niños. Gil también reconoció que aunque el PP apoyó inicialmente esta legislación, ha terminado por imponer una narrativa oficial que ignora a ciertas víctimas.
El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, criticó al PP por romper un pacto previo con la oposición para mantener vigente esta ley. “Si una presidenta no tiene palabra, no merece estar aquí”, afirmó refiriéndose a Marga Prohens. Desde Més per Menorca, Joana Gomila lamentó que el Govern del PP carezca de convicciones al haber derogado una ley que previamente respaldaron. Por su parte, Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, aseguró que “más tarde o más temprano esta ley se recuperará”.
Afuera del Parlamento, alrededor de un centenar de manifestantes se congregaron para expresar su rechazo a esta derogación. Exhibieron fotografías de mujeres asesinadas o torturadas durante el régimen franquista, como Aurora Picornell y otras víctimas emblemáticas.
Aún no está claro qué acciones concretas llevará a cabo el Govern tras esta derogación. El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, aseguró que “en Baleares seguirá vigente la Ley de Fosas aprobada en 2016”, lo cual permitirá continuar con ciertas acciones relacionadas con la memoria histórica, como exhumaciones y localización de fosas. Sin embargo, estas acciones carecerán del marco más amplio proporcionado por la Ley de Memoria.
Además, se anticipa que se eliminarán políticas específicas para el reconocimiento y educación democrática establecidas por la CAIB y se reducirá la condena explícita al franquismo por parte del Parlament balear. Esto podría resultar en un recorte significativo en recursos destinados a programas educativos y actividades simbólicas anteriormente exigidas por la ley balear.
Este debate ya estuvo marcado por controversias desde su inicio. En junio pasado, durante un pleno donde se consideró su toma en cuenta, el presidente del Parlament balear,Gabriel Le Senne (Vox), rompió una fotografía representativa de militantes comunistas asesinadas durante el franquismo. Este incidente llevó a un juez a ordenar un juicio oral contra Le Senne por un delito relacionado con odio político; él siempre ha mantenido su inocencia respecto a las acusaciones.
El Parlament de las Islas Baleares ha derogado la Ley de Memoria Democrática, que fue una propuesta de Vox.
La derogación contó con el apoyo del Partido Popular (PP) y la oposición de todos los partidos de izquierda en la Cámara legislativa.
Vox argumentó que la ley impuso una "verdad oficial" y olvidó a parte de las víctimas, mencionando nombres de personas asesinadas por el bando republicano durante la Guerra Civil.
Los partidos de izquierda criticaron duramente la derogación, acusando al PP de romper pactos previos y no tener convicciones firmes.
La derogación puede llevar a la desaparición de políticas de reconocimiento y pedagogía democrática, aunque se mantendrá vigente la Ley de Fosas aprobada en 2016 para ciertas acciones memorialistas.
Las asociaciones denunciaron que la derogación supone un "ninguneo" a su trabajo y temen que el apoyo institucional se limite a lo estrictamente técnico relacionado con fosas.
El debate fue muy agrio, con menciones constantes a víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil, y se produjo tensión entre los diputados.