Greenpeace ha alertado sobre el riesgo de que el plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda beneficie a promotores inmobiliarios y especuladores, comprometiendo la calidad de las viviendas y la protección ambiental. A pesar de avances en financiación para vivienda asequible y restricciones a alquileres turísticos, se han rechazado propuestas que consagran la vivienda como un derecho humano. Greenpeace exige que la UE priorice viviendas dignas y accesibles, así como una mejora en la eficiencia energética para reducir las facturas energéticas de los hogares. La organización también aboga por un despliegue de energías renovables en sistemas de calefacción para combatir el uso de combustibles fósiles.
Greenpeace ha expresado su preocupación ante el reciente plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda, advirtiendo que podría beneficiar a promotores inmobiliarios y especuladores en detrimento de los estándares de calidad habitacional y la protección del medio ambiente.
A pesar de que los eurodiputados han votado a favor de destinar financiación a la vivienda asequible y han tomado algunas medidas para frenar los alquileres de corta duración, que afectan negativamente a la oferta de vivienda para las familias europeas, también han rechazado propuestas que consagrarían la vivienda como un derecho humano. Además, han dejado abierta la posibilidad de desmantelar normativas que aseguran viviendas de alta calidad y que se construyan respetando el entorno local.
El Parlamento ha respaldado una futura ley de la Comisión Europea destinada a acelerar los procedimientos de concesión de permisos para la construcción, cuya publicación está prevista para 2027. Greenpeace advierte que esta legislación podría tener consecuencias negativas para el medio ambiente y debilitar los estándares de eficiencia energética en los edificios, algo crucial para combatir el aumento en las facturas energéticas.
Ariadna Rodrigo, responsable de campañas políticas de Greenpeace UE, ha declarado: “Todas las personas deberían tener una vivienda asequible donde sentirse seguras y cómodas. Sin embargo, una mayoría en la clase política europea parece favorecer a las empresas que se benefician de la crisis habitacional, en lugar de apoyar a quienes realmente la padecen. Recortar estándares constructivos y controles sobre contaminación puede resultar rentable para las constructoras, pero esto implica crear viviendas deficientes, donde se pasa frío en invierno y calor en verano, además de ubicarse en áreas con alto impacto ambiental o vulnerabilidad ante catástrofes. La UE debe reivindicar la vivienda como un derecho fundamental y trabajar para resolver las causas subyacentes de la crisis actual.”
Greenpeace también hace un llamado al despliegue de aislamiento y sistemas de calefacción basados en energías renovables en los hogares, lo cual ayudaría a las familias a abandonar el uso de combustibles fósiles. Actualmente, el sector residencial consume aproximadamente el 40% del gas fósil utilizado en la UE.
Las facturas energéticas representan cerca del 20% del coste total de vivienda para los europeos, mientras que el transporte cuesta aproximadamente la mitad que la vivienda. La eficiencia energética —facilidad para calentar o enfriar un hogar— así como el acceso a opciones de transporte asequibles son factores determinantes en el costo de vida familiar. Estos aspectos son esenciales para abordar definitivamente la inflación relacionada con los combustibles fósiles en un contexto marcado por conflictos bélicos.
La Comisión Europea publicó su plan para tratar la asequibilidad de la vivienda el 16 de diciembre de 2025. Este plan será seguido por dos nuevas leyes previstas para finales de 2026 y principios de 2027, con el objetivo de desregular el sector constructivo para aumentar la oferta habitacional. Estas iniciativas serán propuestas por la Comisión antes de ser debatidas y modificadas por el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales hasta alcanzar un acuerdo final. Aún queda por determinar cuándo se abordará legalmente el tema relacionado con los alquileres temporales y su impacto sobre la asequibilidad local frente a los beneficios turísticos.
Greenpeace ha advertido que el plan puede convertirse en un traje a medida para promotores inmobiliarios y especuladores, afectando los estándares de calidad de la vivienda y la protección del medio ambiente.
El Parlamento ha votado a favor de destinar financiación a la vivienda asequible y ha dado algunos pasos para frenar los alquileres de corta duración, pero también ha rechazado propuestas para consagrar la vivienda como un derecho humano.
Greenpeace advierte que esta ley podría tener un impacto negativo en el medio ambiente y debilitar los estándares de eficiencia energética de los edificios.
Ariadna Rodrigo, responsable de campañas políticas de Greenpeace UE, afirma que todas las personas deberían tener una vivienda asequible y critica que la clase política esté del lado de las empresas en lugar de las personas afectadas por la crisis de la vivienda.
Greenpeace pide el despliegue de aislamiento y sistemas de calefacción con energías renovables para ayudar a las familias a abandonar los sistemas basados en combustibles fósiles.
La Comisión Europea publicó su plan para abordar este tema el 16 de diciembre de 2025, seguido por nuevas leyes previstas para finales de 2026 y 2027.