Greenpeace ha publicado un informe que alerta sobre el impacto de los "fondos buitre" en la agricultura española, destacando cómo estos fondos de inversión y grandes corporaciones están transformando el campo hacia modelos superintensivos que generan desigualdad y amenazan la sostenibilidad. El informe señala que la concentración de recursos hídricos y subvenciones públicas favorece a una minoría poderosa, mientras que los agricultores tradicionales sufren las consecuencias. Greenpeace exige la exclusión de estos fondos de las ayudas de la PAC, un reparto equitativo del agua y una regulación del mercado de la tierra para proteger la agricultura familiar y social.
Fondos de inversión y agribusiness transforman el campo español
Un nuevo informe de Greenpeace revela cómo los fondos de inversión y el agronegocio están acelerando la transformación del sector agrícola en España. Este cambio se traduce en un aumento del regadío, una mayor asignación de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a grandes corporaciones y una disminución del empleo en el campo. Los modelos agrícolas superintensivos, según el informe, son insostenibles tanto desde el punto de vista ambiental como social.
Las Confederaciones Hidrográficas han priorizado la concesión de agua para estos modelos superintensivos, lo que ha generado una notable desigualdad en el acceso a recursos hídricos entre los agricultores. Greenpeace exige la exclusión de fondos de inversión y holdings empresariales de las ayudas de la PAC, así como un reparto equitativo del agua y una regulación más estricta del mercado de la tierra.
El informe titulado “El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español” destaca que la llegada de capitales internacionales está desplazando a los modelos tradicionales de agricultura familiar. Este fenómeno ha llevado a una concentración alarmante de recursos críticos como el agua y las subvenciones públicas, resultando en una pérdida significativa de soberanía alimentaria y agrobiodiversidad.
En solo diez años, el número de fondos especializados en agricultura ha aumentado drásticamente, pasando de 41 en 2015 a más de 1.000 previstos para 2025. En la península ibérica, las inversiones en agribusiness han crecido exponencialmente, alcanzando los 2.200 millones de euros anuales en 2023.
La disponibilidad del agua se ha convertido en un factor crucial para la rentabilidad de los nuevos modelos superintensivos. En particular, el olivar superintensivo ha recibido mayores dotaciones hídricas que el modelo tradicional, lo que ha sido considerado un agravio por parte de organizaciones que representan a pequeños y medianos agricultores. Esta situación crea una brecha creciente entre los grandes productores y aquellos que históricamente han cultivado la tierra.
Helena Moreno, responsable del área agrícola en Greenpeace, señala que “los legisladores han protegido el acceso al agua para esta minoría poderosa”, ignorando las necesidades de los agricultores tradicionales que son mucho más numerosos y están arraigados al territorio.
A pesar del objetivo original de la PAC para apoyar a los agricultores, los datos recientes muestran una alarmante concentración en la distribución de ayudas. Solo un 0,08 % de los beneficiarios recibe más de 500.000 euros cada uno, acaparando así el 10 % del presupuesto total. Mientras tanto, un 60 % cobra menos de 5.000 euros al año.
La falta de transparencia sobre cómo se distribuyen estos fondos plantea serias dudas sobre la integridad del sistema actual.
Las nuevas prácticas dentro del agribusiness incluyen modelos como buy and leaseback, donde se compra tierra pero se permite al antiguo propietario seguir cultivándola bajo contrato. Esto ha encarecido significativamente el precio del suelo agrícola, dificultando que pequeños agricultores puedan competir o expandir sus explotaciones.
En Andalucía, por ejemplo, entre 2020 y 2024 se registró un aumento del 24,6 % en el precio del terreno agrícola, lo cual afecta negativamente al relevo generacional dentro del sector.
A medida que avanzan estos modelos intensivos, se observa una creciente mecanización que reduce drásticamente la necesidad de mano de obra local. La aparición de grandes intermediarios permite a inversores ajenos operar fincas como si fueran franquicias sin tener conocimientos agrícolas directos.
Canadá emerge como actor clave
Diversos fondos canadienses están invirtiendo fuertemente en el sector agrícola español e ibérico mediante proyectos ambiciosos centrados principalmente en cultivos altamente rentables como el olivar y almendro. Sin embargo, estas inversiones plantean interrogantes sobre su compromiso con prácticas sostenibles.
A través del informe mencionado anteriormente, Greenpeace busca visibilizar estos problemas críticos y abogar por un futuro más justo para todos los actores involucrados en la agricultura española.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 41 | Número de fondos de inversión especializados en agricultura en 2015 |
| 1000+ | Proyección del número de fondos para 2025 |
| 800 millones | Inversiones en agribusiness en la península ibérica en 2021 |
| 2200 millones | Inversiones en agribusiness en la península ibérica en 2023 |
| 24.6% | Aumento del precio de la tierra entre 2020 y 2024 |
| 0.08% | Porcentaje de beneficiarios que reciben más de 500,000 euros cada uno de la PAC |
Los fondos de inversión y el agribusiness están acelerando la transformación del campo español, promoviendo modelos superintensivos que son insostenibles ambiental y socialmente, generando desigualdades en el acceso a recursos como el agua.
A pesar de que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) fueron diseñadas para apoyar a los agricultores, actualmente se concentran en un pequeño porcentaje de beneficiarios, favoreciendo a grandes corporaciones sobre pequeños agricultores.
Greenpeace demanda la exclusión de los fondos de inversión de las ayudas de la PAC, un reparto justo y transparente de estas ayudas, así como una regulación del mercado de la tierra para frenar la especulación.
El modelo superintensivo ha llevado a una mayor concesión de agua a estos cultivos, creando desigualdades entre agricultores tradicionales y aquellos que operan bajo este nuevo modelo, especialmente en contextos de sequía.
Greenpeace propone modificar los Planes Hidrológicos para eliminar concesiones que benefician modelos superintensivos y avanzar hacia una reasignación más equitativa y sostenible del agua.