José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado su jubilación tras renunciar a su acta como diputado, alegando que no tenía otra opción para subsistir debido a la suspensión de sus derechos como parlamentario. En un mensaje en redes sociales, expresó que ha sido víctima de una operación política que buscaba terminar con su carrera. Además, solicitó al Congreso una indemnización equivalente a 17 mensualidades por su tiempo en el cargo. Ábalos se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2025, investigado por presuntas irregularidades en contratos relacionados con mascarillas durante la pandemia. Su renuncia podría afectar el desarrollo del caso judicial en curso.
José Luis Ábalos ha hecho oficial su renuncia como diputado y ha anunciado su decisión de jubilarse, afirmando que no le ha quedado otra opción para poder "vivir". En un mensaje publicado en la red social 'X', el exministro de Transportes expresó que se ha visto forzado a retirarse debido a la suspensión de sus derechos como parlamentario, lo que le ha dejado sin ingresos.
El político, quien ocupó un papel destacado en el PSOE, manifestó que su situación actual le impide mantener los compromisos familiares y afrontar su defensa legal. "Díganme también de qué vivo", cuestionó, insinuando que es víctima de una maniobra destinada a acabar con su carrera política. Con ironía, Ábalos concluyó: "¡Objetivo conseguido!".
Después de presentar su renuncia ante la Mesa del Congreso, Ábalos ha solicitado la indemnización correspondiente por dejar su cargo. Esta prestación consiste en un pago equivalente a un mes de sueldo por cada año servido en el Congreso. Dado que Ábalos ha sido diputado desde 2009, le corresponderían 17 mensualidades.
Desde el 27 de noviembre, el exministro se encuentra en prisión provisional tras la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La acusación popular, encabezada por el PP, también solicitó esta medida cautelar.
La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia. Tanto Ábalos como su exasesor Koldo García fueron encarcelados ese mismo día debido al riesgo de fuga antes del juicio. Se espera que la vista oral comience en la primera parte de la primavera de 2026.
La decisión del exministro de renunciar a su acta tendrá repercusiones directas en el caso Koldo, actualmente bajo investigación tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. El magistrado Puente sigue adelante con una pieza principal sobre los supuestos amaños en contratos públicos para adquirir mascarillas durante la crisis sanitaria. Además, hay otra pieza separada relacionada con adjudicaciones irregulares de obra pública donde también está implicado Santos Cerdán.
Se prevé que el Supremo mantenga competencia sobre la primera causa mientras que es probable que la segunda sea transferida a la Audiencia Nacional.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 17 | Mensualidades de indemnización que le corresponden a Ábalos por su tiempo como diputado. |
| 2009 | Año desde el cual Ábalos ha sido diputado de forma ininterrumpida. |
| 27 de noviembre | Fecha en la que Ábalos ingresó en prisión provisional. |
| 2026 | Año previsto para el inicio de la vista oral del caso Koldo. |
José Luis Ábalos ha anunciado su jubilación porque, tras la suspensión de sus derechos como diputado, no tenía ingresos y se vio obligado a retirarse para poder vivir.
Ábalos ha solicitado al Congreso una indemnización por abandonar su cargo, que consiste en un mes de sueldo por cada año que ha sido miembro del Congreso. Dado que ha sido diputado desde 2009, le corresponderían 17 mensualidades.
Ábalos permanece en prisión provisional desde el 27 de noviembre debido a un caso relacionado con presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. El juicio está previsto para la primavera de 2026.
La renuncia de Ábalos a su acta tendrá consecuencias directas en el caso Koldo, ya que la investigación sobre presuntos amaños de contratos públicos sigue activa en el Tribunal Supremo.