El Gobierno de España ha presentado el texto de la regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya se encuentran en el país, abriendo un periodo de audiencia pública para recoger aportaciones ciudadanas. Esta medida, parte del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, busca garantizar derechos y seguridad jurídica a migrantes que han permanecido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los solicitantes que cumplan con los requisitos podrán obtener una autorización de residencia inicial por un año, con posibilidad de trabajar desde el primer día. La iniciativa también permitirá la regularización simultánea de hijos menores, subrayando la importancia de la unidad familiar en el proceso de integración.
El Gobierno ha puesto a disposición del público el texto de la regularización extraordinaria para personas migrantes en España, abriendo un periodo de participación ciudadana. Esta iniciativa busca recabar aportaciones antes de su implementación. En la reunión del Consejo de Ministros del 27 de enero, se aprobó el inicio de la tramitación de esta regularización, que tiene como objetivo asegurar derechos y proporcionar seguridad jurídica al sistema.
Este proceso representa un avance significativo dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, donde España refuerza su política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, todo ello en consonancia con el crecimiento económico y la cohesión social.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, enfatizó que se trata de una medida “largamente trabajada” y necesaria para abordar una realidad presente en las calles y empresas españolas. La regularización estará dirigida a todas las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar haber permanecido al menos cinco meses continuos en el país al momento de presentar su solicitud. Esta permanencia puede acreditarse mediante documentos públicos o privados.
Además, quienes soliciten protección internacional deberán haber presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025. Otro requisito importante es no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Las personas que cumplan con los requisitos podrán obtener una autorización de residencia en España con una validez inicial de un año. Tras este periodo, deberán integrarse en las figuras ordinarias establecidas por el Reglamento de Extranjería, lo que facilitará una integración plena. Según Saiz, “la autorización permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país”.
La ministra también destacó que “el mecanismo diseñado es sencillo” y busca eliminar las barreras burocráticas anteriores. El plazo máximo para la tramitación será de tres meses; sin embargo, con solo admitir a trámite las solicitudes —lo cual se resolverá en un máximo de 15 días— las personas podrán comenzar a trabajar.
El proyecto está dirigido principalmente a aquellos que ya residen en España desde hace tiempo pero que han quedado fuera de los canales habituales de regularización. Esto incluye a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acogerse a otras figuras legales. La medida será generalizada, sin distinción nacional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
El desarrollo normativo beneficiará tanto a trabajadores como a empresas. “El trabajador ganará derechos mientras que el empresario obtendrá seguridad jurídica”, afirmó la ministra, quien confía en que esta medida ayudará a reducir la economía sumergida y romper ciclos de explotación laboral.
Un aspecto fundamental del proyecto es la protección de la unidad familiar. Este proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de edad de los solicitantes presentes en España, con un permiso válido por cinco años.
“La integración no es un proceso individual; es familiar”, subrayó Elma Saiz, resaltando la necesidad de ofrecer estabilidad y derechos a los menores involucrados.
Saiz contextualizó esta medida dentro de una larga trayectoria histórica española en cuanto a procesos de regularización cuando así lo exige la realidad social. Desde 1986 hasta 2005, diferentes gobiernos han implementado procesos similares ante situaciones similares.
Asimismo, recordó que esta iniciativa retoma el camino marcado por una propuesta ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por una amplia mayoría del Congreso, aunque había estado bloqueada durante meses.
“En este punto, optar por la vía reglamentaria es lo más rápido, eficaz y garantista para ofrecer una respuesta inmediata y ordenada conforme al marco legal”, concluyó.
Es una iniciativa impulsada por el Gobierno que permite la integración de personas extranjeras que ya se encuentran en España, garantizando derechos y seguridad jurídica.
Pueden beneficiarse todas las personas extranjeras que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país.
Los solicitantes no deben tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Además, deben presentar documentación que acredite su permanencia en España.
Las personas que cumplan con los requisitos obtendrán una autorización de residencia inicial por un año, con posibilidad de trabajar desde el primer día.
El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes, cuyo permiso será por cinco años.
El plazo máximo para la tramitación será de tres meses, y las solicitudes serán admitidas a trámite en un máximo de 15 días, permitiendo a los solicitantes comenzar a trabajar inmediatamente.
La ministra ha destacado que es una respuesta a una realidad social existente y busca romper con las barreras burocráticas del pasado, además de beneficiar tanto a trabajadores como a empresas.