La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que incrementará en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades autónomas en 2027. Este modelo busca mejorar la equidad en la distribución de fondos, garantizando que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad y adaptándose a las singularidades territoriales. Se prevé un aumento significativo en la capacidad tributaria de las autonomías, así como mecanismos de solidaridad interterritorial y nivelación vertical para reducir las diferencias en financiación por habitante. La propuesta será discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario programado para el próximo miércoles.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado a conocer la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que redefine los criterios para el reparto de recursos públicos entre las comunidades autónomas. Este modelo, que entrará en vigor en 2027, se prevé que aporte 20.975 millones adicionales a las comunidades en comparación con el sistema actual. En total, se estima que los recursos distribuidos alcanzarán 224.507 millones en ese año; en el último ejercicio liquidado, correspondiente a 2023, las comunidades recibieron 152.484 millones.
Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Hacienda, Montero subrayó que este nuevo modelo es ventajoso para todo el sistema autonómico, ya que no solo incrementa los recursos destinados al Estado del bienestar, sino que también refuerza la solidaridad interterritorial y respeta las particularidades de cada territorio. Además, asegura el principio de suficiencia para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad y reduce las diferencias en financiación por habitante.
La ministra explicó que esta propuesta ha sido enviada a todos los gobiernos autonómicos para su revisión y será objeto de debate en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario programado para el próximo miércoles. Montero destacó el esfuerzo realizado por su equipo en el Ministerio para recoger y analizar diversas propuestas provenientes de parlamentos autonómicos, expertos y centros de estudios, con el objetivo de crear un modelo que responda al interés general y esté fundamentado en principios justos y transparentes.
Asimismo, hizo un llamado a las comunidades autónomas para asistir a la reunión del CPFF con un "espíritu constructivo". La propuesta incluye nuevos criterios de distribución y mejoras metodológicas basadas en principios prioritarios establecidos por el Ejecutivo.
El nuevo modelo incorpora criterios mejorados para la población ajustada, abordando cuestiones como la despoblación y ofreciendo una estratificación más precisa. Entre sus principales características se encuentra:
Uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo es el criterio relacionado con la población ajustada. Este determina cuántos habitantes tiene cada comunidad teniendo en cuenta factores que afectan tanto al coste como a las necesidades financieras. Por ejemplo, se prevé un mayor gasto sanitario en regiones con una población envejecida o mayores necesidades educativas donde hay más jóvenes en edad escolar.
A pesar del intento inicial por alcanzar un consenso entre comunidades sobre estos criterios durante negociaciones pasadas, fue necesario presentar esta nueva propuesta debido a la falta de acuerdo. La ministra recordó cómo se abrió este proceso negociador en febrero pasado y cómo finalmente fueron las propias comunidades quienes solicitaron al Gobierno una propuesta formal.
La mayoría de los ingresos autonómicos provienen de impuestos cedidos. La propuesta del Gobierno busca incrementar esta capacidad tributaria para permitir a las comunidades disponer de más ingresos. Actualmente, esto incluye:
Bajo el nuevo modelo se propone ceder un 55% del IRPF y un 56,5%% del IVA. También se incorporarán otros impuestos dentro del sistema financiero autonómico, lo que podría generar casi 16.000 millones adicionales para 2027.
Montero enfatizó que este modelo amplía la solidaridad interterritorial asegurando que todas las comunidades alcancen al menos el 75%% de la media ajustada por habitante según su capacidad tributaria. Esto significa que aquellas comunidades con menor financiación recibirán más recursos mientras que aquellas con mayor capacidad aportarán al bien común.
A nivel vertical, se destinarán 19.000 millones% adicionales con el objetivo inicial de reducir dos tercios la distancia financiera entre comunidades autónomas respecto a la Comunidad de Madrid, considerada como referencia máxima.
Todas estas medidas buscan no solo aumentar los recursos disponibles sino también garantizar una gestión más eficiente entre administraciones estatales y autonómicas. Se plantean mecanismos opcionales como la posibilidad de recibir financiamiento adicional basado en el rendimiento impositivo local o compartir ingresos fiscales mediante un sistema común.
A través del nuevo modelo propuesto por Montero se espera mejorar significativamente la equidad entre comunidades autónomas reduciendo las diferencias actuales en financiación per cápita desde 1.500 euros% hasta aproximadamente 700 euros% tras aplicar correcciones necesarias.
Finalmente, Montero concluyó resaltando los beneficios generales del modelo: aumento significativo en recursos destinados al Estado del bienestar, respeto por singularidades territoriales e impulso hacia una mayor autonomía fiscal entre comunidades autónomas.
El nuevo modelo de financiación propone un aumento de 20.975 millones en 2027 para las comunidades autónomas, mejorando la distribución de recursos públicos y respetando las singularidades territoriales.
Los principios incluyen aumentar la solidaridad interterritorial, garantizar la suficiencia para servicios públicos, incrementar la autonomía fiscal y adaptarse a nuevas realidades como el cambio climático.
La población ajustada se determina considerando variables demográficas, socioeconómicas y geográficas que influyen en el coste de los servicios y necesidades de financiación de cada comunidad autónoma.
Se incrementa la capacidad tributaria permitiendo que las comunidades tengan más ingresos a través de impuestos cedidos, como un mayor porcentaje del IRPF y del IVA.
Se garantiza que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, redistribuyendo recursos desde aquellas con mayor financiación hacia las que tienen menos.
Se establece un mecanismo de garantía de statu quo, asegurando que ninguna comunidad recibirá menos recursos al inicio del nuevo sistema comparado con el anterior modelo.
Es un fondo destinado a abordar desafíos relacionados con el cambio climático, dotado con unos 1.000 millones, distribuidos principalmente entre las autonomías del litoral mediterráneo.
El modelo busca mejorar la equidad en la financiación, reducir diferencias entre comunidades y fortalecer el Estado de bienestar mediante una mayor asignación de recursos.