Expertos en derechos humanos de la ONU han condenado la reciente agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo bombardeos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Advierten que estas acciones violan el derecho internacional y podrían desestabilizar la región. Los expertos destacan que el uso no provocado de la fuerza es una clara transgresión de la Carta de la ONU y podría constituir un crimen internacional. Además, critican las medidas coercitivas previas de EE. UU., como bloqueos y asesinatos extrajudiciales, que también contravienen los derechos humanos. Subrayan la importancia de respetar la autodeterminación del pueblo venezolano y exigen a la comunidad internacional actuar para detener estas violaciones.
Un grupo de aproximadamente quince expertos de las Naciones Unidas ha expresado su enérgica condena a la reciente acción militar llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela, que incluye bombardeos en Caracas y otras ciudades, así como el “secuestro forzoso” del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Los especialistas sostienen que estas acciones constituyen una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional. Además, advierten que establecen un “precedente peligroso” y “corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo”.
El uso no provocado de la fuerza armada en territorio venezolano representa una violación clara del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Asimismo, podría ser considerado un crimen internacional de agresión atribuible a los líderes políticos y militares implicados.
Informes recientes indican que las acciones estadounidenses han resultado en un número indeterminado de víctimas fatales. Esta agresión se suma a un conjunto previo de “medidas coercitivas unilaterales” impuestas sobre Venezuela, que incluyen un bloqueo naval y la incautación armada de petroleros, así como el asesinato extrajudicial de al menos 115 civiles supuestamente vinculados al narcotráfico.
Para los expertos, todas estas medidas son contrarias al derecho internacional y al derecho humanitario, incluido el derecho inalienable a la vida.
De acuerdo con el derecho internacional, los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad ante la jurisdicción penal de tribunales extranjeros, aunque no ante la Corte Penal Internacional mientras estén en el cargo. Este principio ha sido reafirmado por la Corte Internacional de Justicia, siendo aplicable sin importar el reconocimiento diplomático o consideraciones políticas.
Los expertos consideran que este ataque “sin precedentes” debe interpretarse como parte de un patrón más amplio y preocupante que refleja un desprecio sistemático por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales.
“Este retorno a la diplomacia basada en la fuerza”, afirman, incluye actos repetidos de agresión militar, asesinatos extrajudiciales y diplomacia coercitiva. También mencionan sanciones impuestas a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional debido a su trabajo bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los expertos han expresado su profunda preocupación por las declaraciones públicas del presidente estadounidense, quien afirmó que Estados Unidos «gobernará el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y prudente». Donald Trump también aseguró que “vamos a sacar una tremenda cantidad de riqueza del suelo”.
Dichas afirmaciones equivalen a un “desprecio flagrante” por el derecho de los pueblos a la autodeterminación y su soberanía sobre los recursos naturales, pilares fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos.
“Los vastos recursos naturales de Venezuela”, subrayan los expertos, no deben ser explotados cínicamente bajo pretextos disfrazados para legitimar agresiones militares o estrategias de cambio de régimen.
A lo largo del tiempo, América Latina ha sufrido las “cicatrices históricas” dejadas por intervenciones coloniales e imperialistas; sin embargo, también es testigo de una “larga tradición de lucha” por resistencia y emancipación.
El grupo enfatiza que el futuro político y social de Venezuela debe ser determinado exclusivamente por su pueblo, ejerciendo plena soberanía mediante diálogo y rendición de cuentas. Esto implica asegurar una participación significativa e igualitaria para las mujeres en los procesos decisionales, respetando principios democráticos como el respeto por los derechos humanos y la independencia judicial.
"Esto debe llevarse a cabo libremente”, insisten los expertos, "sin coerción externa ni estrangulamiento económico”.
Por último, hacen un llamado a los Estados miembros de las Naciones Unidas para condenar firmemente las agresiones estadounidenses y actuar con determinación para detener todas las acciones contrarias al derecho internacional. Mantener el orden legal internacional es considerado “un imperativo” para garantizar un sistema democrático equitativo basado en el Estado de derecho.
Los expertos independientes de las Naciones Unidas han condenado la acción militar a gran escala llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo el bombardeo de Caracas y el secuestro forzoso del presidente Nicolás Maduro y su esposa.
Señalan que estas acciones representan una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional y constituyen un uso no provocado de la fuerza armada, lo cual es contrario al Artículo 2(4) de la Carta de la ONU.
Los expertos advierten que este tipo de agresiones corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo, normalizando la "anarquía" en las relaciones internacionales.
Los expertos expresaron preocupación por las declaraciones públicas del presidente estadounidense que indican un deseo de gobernar Venezuela y explotar sus recursos naturales, lo que consideran un desprecio por el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.
Instan a los Estados miembros de las Naciones Unidas a condenar la agresión de Estados Unidos y actuar decisivamente para detener todas las acciones contrarias al derecho internacional.