La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe que denuncia la segregación y discriminación sistemática de los palestinos por parte de Israel en Cisjordania, calificando estas prácticas como una forma de apartheid. El documento detalla cómo las leyes y políticas israelíes crean un doble sistema legal que favorece a los colonos israelíes, mientras que los palestinos enfrentan restricciones severas en su movilidad y acceso a recursos básicos como el agua. Además, se documenta un aumento en la violencia contra los palestinos, con impunidad para las fuerzas israelíes. La ONU exige el fin de estas prácticas discriminatorias y el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU revela el impacto opresivo que las leyes y políticas israelíes tienen sobre la vida cotidiana de los palestinos en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este. El documento establece que existen “fundamentos razonables” para considerar que la separación y segregación impuestas por Israel buscan ser permanentes, con el objetivo de mantener un sistema de dominación.
El responsable de la Oficina, Volker Türk, enfatizó que hay una “asfixia sistemática” de los derechos palestinos en esta región, señalando que se trata de una forma severa de discriminación racial y segregación, similar al apartheid.
El informe destaca un deterioro significativo desde diciembre de 2022, intensificado tras los eventos del 7 de octubre de 2023. Se han documentado casos de uso excesivo e ilegal de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas, así como restricciones severas a la movilidad y una expansión continua de los asentamientos israelíes.
La violencia perpetrada por colonos israelíes ha aumentado, a menudo con el respaldo o la participación del Ejército israelí. Ejemplos alarmantes incluyen el asesinato de un niño palestino desarmado y el ataque mortal a una mujer embarazada considerada “sospechosa” sin justificación adecuada.
La impunidad prevalece: entre enero de 2017 y septiembre de 2025, más de 1500 palestinos fueron asesinados, pero solo se abrieron 112 investigaciones, resultando en una única condena. Miles permanecen detenidos sin cargos formales.
Las restricciones al movimiento no solo afectan el derecho al trabajo, sino que también privan a los palestinos del acceso a sus tierras, generando graves problemas económicos. La construcción de carreteras exclusivas para colonos aísla aún más a las comunidades palestinas y ha llevado al desalojo forzado de miles.
Además, Israel confisca y demuele infraestructura hídrica palestina mientras desvía agua hacia sus asentamientos, obligando a la Autoridad Palestina a comprar agua a empresas israelíes. La expansión incesante de asentamientos ilegales continúa apropiándose de vastas extensiones de tierra palestina.
Türk hizo un llamado urgente para que las autoridades israelíes deroguen todas las leyes y prácticas que perpetúan esta discriminación sistémica. También instó a Israel a terminar con su presencia ilegal en los territorios ocupados y respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
El informe concluye advirtiendo que cada tendencia negativa observada no solo persiste, sino que se acelera, lo que agrava diariamente las condiciones para los palestinos en Cisjordania.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1500 | Número de palestinos asesinados entre enero de 2017 y septiembre de 2025 |
| 112 | Número de investigaciones abiertas por las autoridades israelíes |
| 1 | Número de condenas resultantes de esas investigaciones |
| 19 | Número de asentamientos aprobados recientemente por el gabinete de seguridad israelí |
El informe concluye que existen "fundamentos razonables" para creer que la separación, segregación y subordinación de los palestinos buscan ser permanentes para mantener la opresión y dominación.
Se mencionan un doble sistema legal, impunidad en las investigaciones de asesinatos de palestinos, confiscación del agua y la obligación de comprarla a empresas israelíes como ejemplos del sistema de discriminación racial impuesto por Israel.
El informe documenta un uso letal y discriminatorio de la fuerza, incluyendo casos donde fuerzas israelíes dispararon a civiles desarmados, así como una violencia creciente por parte de colonos con la participación del Ejército israelí.
Las restricciones discriminatorias afectan el derecho al trabajo y el acceso a tierras, causando dificultades económicas severas. La construcción de carreteras solo accesibles para colonos aísla a las comunidades palestinas.
Se exige que Israel derogue todas las leyes y políticas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos y ponga fin a su ocupación, desmantelando asentamientos ilegales.