El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica en el caso de Samuel Luiz, reconociendo el asesinato como un delito de odio motivado por la orientación sexual. La Federación Estatal LGTBI+ y ALAS A Coruña celebran esta decisión como un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia el colectivo LGTBI+. Ambas entidades destacan la necesidad urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, dado el alarmante aumento de agresiones y discriminación en España. Se estima que una de cada cuatro personas LGTBI+ ha sufrido discriminación, y las agresiones han duplicado en el último año. La sentencia no solo reafirma la gravedad del crimen, sino que también subraya la importancia de abordar la violencia con medidas preventivas y educativas para garantizar la igualdad y proteger a las víctimas.
La Federación Estatal LGTBI+ y su entidad federada, ALAS A Coruña, han calificado la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Samuel Luiz como un hito significativo en el reconocimiento jurídico de los delitos de odio. Este fallo se considera un paso crucial en la lucha contra la violencia hacia el colectivo LGTBI+.
En este contexto, las organizaciones han hecho un llamado urgente para la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, dada la alarmante escalada de agresiones dirigidas a este grupo social.
El 30 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo emitió una resolución que confirma la gravedad del asesinato de Samuel Luiz, destacando la alevosía del ataque y la agravante por discriminación basada en la orientación sexual. Este reconocimiento consolida el crimen como un delito de odio.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, subrayó que el reconocimiento explícito del odio detrás del crimen es fundamental. “Asesinar al grito de ‘maricón’ no es una circunstancia anecdótica; es la verbalización de un odio que mata”, afirmó Iglesias, añadiendo que esta sentencia refuerza la protección de las vidas LGTBI+ y envía un mensaje claro: “la LGTBIfobia no puede quedar impune”.
Desde ALAS A Coruña, que ha ejercido como acusación popular durante todo el proceso judicial, se ha destacado que esta sentencia ratifica lo ya señalado por instancias inferiores y reconoce el carácter estructural de la violencia LGTBIfóbica. Ana G. Fernández, presidenta de ALAS A Coruña, enfatizó que “la justicia no puede mirar hacia otro lado cuando la violencia está impulsada por el odio” y añadió que nombrar el odio es una forma eficaz de proteger los derechos fundamentales.
Tanto la Federación Estatal LGTBI+ como ALAS A Coruña han expresado su agradecimiento al equipo legal que representó a la acusación popular, liderado por Mario Pozzo-Citro y Luis Painceira, cuya dedicación altruista ha sido esencial durante más de tres años en este proceso judicial.
A pesar del avance jurídico representado por esta sentencia, ambas entidades advierten sobre la insuficiencia de esta medida ante un contexto marcado por el aumento alarmante de la violencia. Según datos del informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, una cuarta parte de las personas LGTBI+ ha sufrido discriminación en España y las agresiones se han duplicado en el último año.
Iglesias alertó sobre esta situación crítica: “Más de 800.000 personas LGTBI+ han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año. No estamos ante hechos aislados, sino ante una realidad sostenida que exige una respuesta política efectiva.
Añadiendo a sus preocupaciones, Fernández recordó que “el proceso judicial es imprescindible, pero no suficiente”. La lucha contra esta violencia requiere también prevención y educación, así como un compromiso firme por parte tanto de las instituciones como de la sociedad para enfrentar los discursos deshumanizantes.
Por ello, ambas organizaciones demandan con urgencia un Pacto de Estado contra los discursos de odio, que articule una respuesta integral enfocada en prevención, educación y protección a las víctimas. Iglesias concluyó afirmando: “Un Pacto de Estado no es solo simbólico; es una herramienta imprescindible para salvar vidas. Sin una estrategia común y recursos suficientes, el odio seguirá encontrando espacios donde prosperar”.
A través de estas acciones estratégicas y con medidas efectivas para garantizar igualdad real, se busca honrar la memoria de Samuel Luiz y asegurar que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800.000 | Número de personas LGTBI+ que han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año en España. |
| 1 de cada 4 | Proporción de personas LGTBI+ que sufren discriminación en España. |
| Duplicado | Aumento de las agresiones hacia personas LGTBI+ en el último año. |
La sentencia es valorada como un hito en el reconocimiento jurídico de los delitos de odio, confirmando la gravedad del ataque y estableciendo que fue motivado por discriminación por orientación sexual.
Reclaman la aprobación urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, debido al aumento alarmante de la violencia hacia el colectivo LGTBI+.
Más de 800.000 personas LGTBI+ han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año, lo que indica una realidad sostenida y creciente que exige una respuesta política efectiva.
Proponen un Pacto de Estado que articule una respuesta integral basada en prevención, educación, formación, protección y acompañamiento a las víctimas, así como sanción efectiva contra los discursos de odio.
Envía un mensaje claro: la LGTBIfobia no puede quedar impune y es fundamental reconocer y sancionar el odio para proteger los derechos fundamentales y la dignidad de las personas LGTBI+.