El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.
La Audiencia Nacional se prepara para el último juicio de la trama Gürtel, un proceso que llega 16 años después de que comenzaran las detenciones de diversos actores implicados, incluidos políticos del Partido Popular (PP) y empresarios. Este nuevo capítulo judicial se inicia con la presencia de Francisco Correa, líder de la trama, junto a una veintena de acusados.
Los 26 investigados se enfrentarán a cargos por delitos contra la Hacienda Pública, que incluyen fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Muchos de ellos han optado por colaborar con la Fiscalía, buscando así una rebaja en sus penas a cambio de reconocer los hechos. Esta estrategia ha llevado a que solo unos pocos se nieguen a llegar a acuerdos, lo que obligará al tribunal a continuar con el juicio hasta el 20 de noviembre.
Entre los principales acusados que han buscado un pacto se encuentra Correa, quien enfrenta una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de 77 años de prisión por múltiples delitos fiscales y otros cargos relacionados. Su 'número dos', Pablo Crespo, también está bajo la misma amenaza penal.
Correa ha presentado un escrito en el que detalla cómo Crespo y Ramón Blanco Balín, responsable financiero de la trama, manejaban sus asuntos societarios y fiscales. En su relato, Correa menciona que intentó regularizar ciertos fondos, pero fue disuadido por Blanco Balín, quien le aseguró que su dinero estaba seguro en cuentas vinculadas a figuras prominentes como el rey Juan Carlos.
A medida que avanza este juicio emblemático, el PP ha defendido su postura afirmando que ya ha enfrentado consecuencias políticas por este escándalo. La vicesecretaria del partido, Cuca Gamarra, ha instado a centrar la atención en otros casos de corrupción que involucran al Gobierno actual y ha enfatizado la necesidad de una justicia más ágil.
Gamarra también subrayó la importancia de mantener una política de "tolerancia cero" frente a la corrupción y expresó su confianza en los tribunales para asegurar que quienes cometen delitos sean responsabilizados adecuadamente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 26 | Número de investigados que se sentarán en el banquillo. |
| 77 | Años de cárcel que la Fiscalía pedía para Francisco Correa. |
| 10 | Años que Francisco Correa ha cumplido en prisión. |
| 20,7 millones de euros | Cantidad destinada a reparar el daño causado por Correa. |
Es importante porque 26 investigados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, incluyendo fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.
Los principales acusados incluyen a Francisco Correa, líder de la trama, y Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP Gallego. Ambos han buscado un pacto con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos.
Se prevé que el juicio se prolongue hasta el 20 de noviembre.
Correa ha explicado que su 'número 2', Pablo Crespo, y Ramón Blanco Balín fueron quienes gestionaron sus asuntos societarios y fiscales. También ha mencionado que intentó regularizar su dinero pero fue disuadido por Blanco Balín.
Pablo Crespo ha reconocido que deducía como gastos lo que eran obsequios a autoridades o funcionarios del Partido Popular y que constituyó varias sociedades en Panamá para ocultar ingresos al fisco.
El PP ha defendido que ya enfrentó consecuencias políticas por este caso y ha pedido que la atención se centre en otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno. También han enfatizado la necesidad de una justicia más rápida y de tener tolerancia cero con la corrupción.