Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión exhaustiva del Real Decreto en tramitación sobre la asignación de cuotas pesqueras. Estas entidades abogan por un reparto que favorezca prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Critican que el borrador actual no prioriza adecuadamente las buenas prácticas ambientales y sociales, lo que podría perpetuar el statu quo en lugar de promover cambios significativos. Proponen incentivos para prácticas responsables, un reparto equitativo de cuotas, mayor participación y transparencia en la gestión de recursos pesqueros, así como compromisos claros para garantizar la implementación del decreto. Además, expresan su preocupación por medidas técnicas que podrían aumentar el esfuerzo pesquero sin justificación científica.
Las organizaciones ecologistas, entre las que se incluyen Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión profunda de la propuesta de Real Decreto actualmente en tramitación. Su objetivo es asegurar una transición justa hacia prácticas pesqueras de bajo impacto.
Estas entidades han expresado su preocupación por el hecho de que el texto vigente no aproveche la oportunidad para priorizar prácticas ambientales y sociales responsables. En este sentido, demandan un reparto equilibrado y transformador de las posibilidades de pesca entre los distintos tipos de artes, promoviendo un modelo más justo que favorezca el relevo generacional y la inclusión de mujeres en el sector pesquero.
Las organizaciones enfatizan la necesidad de incentivar métodos de pesca más selectivos, que reduzcan las capturas incidentales de especies amenazadas, y que contribuyan a la creación de empleo de calidad en las comunidades costeras. Además, subrayan la importancia de que estas medidas impacten positivamente en la conservación y restauración del ecosistema marino.
El borrador del Real Decreto, que regula cuánto puede pescar cada barco, podría convertirse en una herramienta clave para lograr un modelo pesquero más sostenible. Sin embargo, las organizaciones advierten que su enfoque actual es poco ambicioso y corre el riesgo de perpetuar el statu quo, obstaculizando cambios significativos hacia una transición social y ambientalmente justa.
En sus declaraciones, los representantes ecologistas han señalado: “Todas las partes relacionadas con la actividad pesquera coinciden en reconocer la difícil situación que enfrenta la pesca artesanal, evidenciada por la disminución de actividades en muchas comunidades costeras. Desde 2014, existe un marco legal bajo el artículo 17 de la Política Común de Pesca que permite fomentar prácticas pesqueras menos dañinas para el medio ambiente; sin embargo, esta opción ha sido escasamente utilizada.”
Para abordar estos desafíos, proponen cuatro pilares fundamentales para modificar el texto:
"Este Real Decreto representa una gran oportunidad para avanzar hacia una pesca sostenible y socialmente responsable que beneficie a las comunidades costeras y no solo a grandes empresas. Esto solo será posible mediante un enfoque renovador con criterios claros y fechas específicas," afirman las organizaciones ecologistas.
Aparte del Real Decreto, se están considerando modificaciones a varias regulaciones técnicas relacionadas con las dimensiones de redes utilizadas en diferentes modalidades pesqueras. Las organizaciones han manifestado su inquietud ante estas propuestas, ya que podrían incrementar significativamente el esfuerzo pesquero sin justificación científica o socioeconómica adecuada.
Las organizaciones que están demandando un reparto de cuotas que premie las prácticas pesqueras de menor impacto son Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF.
El objetivo principal es garantizar una transición justa hacia la pesca de bajo impacto, priorizando buenas prácticas ambientales y sociales en la asignación de posibilidades de pesca.
Las organizaciones piden enmendar el texto en cuatro pilares: 1) Incentivos reales para prácticas responsables; 2) Un reparto más equitativo; 3) Participación y transparencia; 4) Compromisos con un horizonte temporal concreto.
Consideran que, aunque va en la buena dirección, corre el riesgo de mantener el statu quo y no permitir cambios reales hacia una transición social y ambiental justa.
Las organizaciones muestran su preocupación porque algunas medidas podrían duplicar o triplicar el esfuerzo pesquero sin justificación científica o estudio socioeconómico adecuado.