El juicio de la Trama Eólica ha comenzado, involucrando a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartir 75 millones de euros en mordidas relacionadas con la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Los procesados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía solicita 36 años y medio de prisión para Rafael Delgado, principal acusado, así como multas que superan los 236 millones de euros. El juicio, considerado el mayor caso de corrupción en la región, concluirá el 28 de enero de 2026 tras escuchar a 84 testigos y peritos.
El juicio por la conocida como Trama Eólica ha dado inicio, marcando un hito en lo que se considera el mayor caso de corrupción en Castilla y León. En el banquillo de los acusados se encuentran 15 ex altos cargos del Partido Popular (PP) en el Gobierno autonómico, así como varios empresarios, todos ellos señalados por supuestamente haberse repartido 75 millones de euros en sobornos relacionados con la instalación de parques eólicos.
Las primeras jornadas del juicio han estado dedicadas a cuestiones previas, mientras que se espera que a lo largo del proceso declaren un total de 84 testigos y cerca de 20 peritos. Los acusados ofrecerán su declaración al final del proceso, que tiene prevista su conclusión para el 28 de enero de 2026.
Los hechos que dan origen a este caso se sitúan entre 2003 y 2011, bajo el mandato de Juan Vicente Herrera. Según las fuentes jurídicas, los acusados establecieron un mecanismo para despojar a los servicios territoriales de Industria de la capacidad para autorizar proyectos eólicos, concentrando esta potestad en la Viceconsejería dirigida por Rafael Delgado, uno de los principales procesados.
Dicha estrategia obligaba a que cada proyecto incluyera una empresa local designada por la Consejería. Estas empresas adquirían participaciones a precios reducidos y, tras obtener la autorización, revendían sus acciones a los verdaderos promotores —como Iberdrola— generando enormes beneficios que podían llegar hasta 250.000 euros por megavatio autorizado.
Ecologistas en Acción, parte acusadora en este caso, ha señalado que no solo hubo empresas beneficiadas de manera escandalosa, sino también otras perjudicadas que se vieron obligadas a desistir de sus inversiones por no cumplir con criterios impuestos o ser consideradas "suficientemente locales". Las empresas locales involucradas asumían poco riesgo y gestionaban escasamente los proyectos, pero lograban obtener beneficios millonarios gracias al sistema establecido.
Se estima que las mordidas pagadas, las cuales repercutieron en la factura eléctrica final, alcanzaron los 75 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Rafael Delgado penas que ascienden a 36 años y medio de prisión, junto con multas superiores a 236 millones de euros e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Para otros acusados, las penas solicitadas oscilan entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas y responsabilidades civiles valoradas en aproximadamente 19 millones de euros.
Aparte del Ministerio Público, también ejercen la acusación la Abogacía del Estado, particulares afectados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 15 | Número de ex altos cargos y empresarios acusados |
| 75 millones | Cantidad de dinero en mordidas repartidas |
| 36 años y medio | Pena solicitada para Rafael Delgado por la Fiscalía |
| Más de 236 millones | Multas solicitadas para Rafael Delgado |
| Entre 6 y 12 años | Penas solicitadas para el resto de los acusados |
La Trama Eólica es un caso de corrupción que involucra a 15 ex altos cargos del Gobierno autonómico del PP y varios empresarios, acusados de repartirse 75 millones de euros en mordidas vinculadas a la instalación de parques eólicos en Castilla y León.
Los acusados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía pide penas significativas, incluyendo 36 años y medio de cárcel para el principal procesado, Rafael Delgado.
Los procesados idearon un sistema para concentrar la autorización de parques eólicos en la Viceconsejería, obligando a cada proyecto a incluir una empresa local designada por la Consejería. Estas empresas adquirían participaciones a bajo costo y luego revendían su parte con enormes plusvalías.
Los hechos se sitúan entre 2003 y 2011, durante los gobiernos de Juan Vicente Herrera en Castilla y León.
Se estima que las mordidas alcanzaron los 75 millones de euros, repercutidos finalmente en la factura eléctrica.
La acusación está ejercida por el Ministerio Público, la Abogacía del Estado, particulares afectados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León.