Arcópoli expresa un rechazo contundente a las declaraciones del ex magistrado Javier Borrego, quien ridiculizó la autodeterminación de género en un evento organizado por VOX. Sus comentarios, considerados LGTBIfóbicos y ofensivos, atacan directamente a las personas trans, perpetuando estereotipos dañinos. Arcópoli está evaluando si estas declaraciones constituyen un delito de odio y exige una respuesta pública del Gobierno y de la judicatura para condenar tales actitudes que normalizan la LGTBIfobia. La organización reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad frente a discursos de odio.
Arcópoli ha expresado un contundente rechazo a las declaraciones del ex magistrado Javier Borrego, quien durante unas jornadas organizadas por VOX en el Congreso de los Diputados, realizó una parodia que ridiculiza la autodeterminación de género. En sus palabras, Borrego afirmó: “¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal.”
Este tipo de afirmaciones no se limitan a ser meras anécdotas; constituyen un ataque directo hacia las personas trans, un colectivo que ha sufrido históricamente violencia y exclusión, incluso dentro de la comunidad LGTBI+. La gravedad de estas declaraciones se acentúa al provenir de alguien que ha ocupado altos cargos en el sistema judicial español y europeo, instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales. La burla hacia la identidad de género y la deslegitimación de los avances en igualdad son hechos inaceptables que ponen en riesgo la democracia.
El ex magistrado Borrego, un hombre blanco y cisgénero, ha optado por dirigir sus ataques hacia aquellos que han sido históricamente más vulnerables. Su intervención no solo perpetúa estereotipos dañinos y discursos de odio, sino que también alimenta la agenda reaccionaria del partido VOX, conocido por negar la violencia de género y combatir la igualdad.
Desde Arcópoli se ha informado que el equipo jurídico está analizando detenidamente las intervenciones de Borrego para determinar si podrían constituir un presunto delito de odio motivado por LGTBIfobia. La organización se opone firmemente a que espacios institucionales sean utilizados para legitimar la humillación de colectivos vulnerables.
Los magistrados tienen una función crucial en la democracia: garantizar justicia, proteger derechos fundamentales y velar por la igualdad ante la ley. El uso indebido de su autoridad moral para difundir discursos de odio es una ofensa a estas funciones y una traición al espíritu constitucional y europeo dedicado a la protección de los derechos humanos.
Ante esta situación, Arcópoli exige al Gobierno español, así como a las fuerzas democráticas y a la judicatura, que condenen públicamente las declaraciones realizadas por Borrego y actúen en consecuencia. El silencio institucional solo contribuye a normalizar actitudes LGTBIfóbicas.
Arcópoli reafirma su compromiso en no permanecer en silencio frente a estas agresiones. La organización no acepta que quienes se creen intocables puedan humillar a las personas trans ni que se utilicen instituciones democráticas para blanquear el odio. En respuesta a los ataques provenientes de figuras privilegiadas como Borrego, Arcópoli continuará defendiendo con firmeza los derechos humanos, la diversidad y una verdadera igualdad para todos.