El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo el veto temporal del Gobierno a su fusión con Banco Sabadell, que impone condiciones como la gestión independiente y la prohibición de despidos durante al menos tres años. La entidad busca mantener viva su oferta pública de adquisición (opa) y argumenta que las nuevas exigencias del Ejecutivo son un endurecimiento inaceptable. El recurso se presenta en un contexto donde el Ministerio de Economía defiende que actuó conforme a la legislación, permitiendo imponer condiciones adicionales por interés general. Ahora, el Tribunal Supremo decidirá si admite a trámite la impugnación presentada por el BBVA.
El BBVA ha decidido llevar su disputa con el Gobierno al ámbito judicial, tras presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Esta acción se produce en el contexto de la opa lanzada sobre Banco Sabadell, y busca impugnar las condiciones adicionales impuestas por el Ejecutivo para autorizar la operación. Entre estas condiciones se incluye la obligación de que ambas entidades mantengan una gestión independiente y la prohibición de despidos o cierres de oficinas durante un período mínimo de tres años, que podría extenderse hasta cinco.
La entidad financiera, liderada por Carlos Torres, sostiene que esta vía judicial “no interfiere” en el desarrollo de la opa. Aunque el plazo para recurrir expiraba en septiembre, el banco optó por actuar rápidamente. Cabe recordar que en la presentación de resultados del segundo trimestre, realizada el 31 de julio, el consejero delegado Onur Genç había manifestado que aún no se había tomado una decisión definitiva.
Días antes de que se aprobaran las nuevas condiciones, Torres había advertido que recurrirían “si se endurecen” las obligaciones establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había dado luz verde a la opa el 30 de abril bajo ciertos compromisos. Según la interpretación del BBVA, el Gobierno solo tenía la facultad de mantener o suavizar esas exigencias, no de endurecerlas.
Además, el banco también podría cuestionar si la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía se ajusta a la Ley de Defensa de la Competencia. Este recurso fue presentado antes de que la Comisión Europea iniciara en julio un expediente para evaluar si las competencias del Ministerio cumplen con la normativa comunitaria, lo cual podría fortalecer la posición del BBVA según fuentes jurídicas.
Ahora corresponde al Tribunal Supremo decidir si admite a trámite esta impugnación. En caso afirmativo, solicitará el expediente correspondiente y pedirá alegaciones a la Abogacía del Estado antes de proceder con un análisis exhaustivo sobre las acciones del Ejecutivo.
En respuesta a esta decisión del BBVA, el Ministerio de Economía ha reiterado su postura, afirmando que actuó “en todo momento” conforme a la legislación nacional y respaldado por informes pertinentes. El Gobierno defiende que desde 2007 existe una norma que permite imponer condiciones adicionales basadas en intereses generales más allá de los establecidos por la CNMC.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha enfatizado que se actuó “de manera muy estricta” dentro del marco legal vigente, facultando al Gobierno para intervenir en operaciones de concentración. La opa sobre Banco Sabadell fue lanzada por BBVA en mayo de 2024 y recibió el visto bueno por parte de Competencia en abril pasado; sin embargo, fue el Consejo de Ministros quien tuvo la última palabra al aprobarla bajo ciertas condiciones fundamentales para garantizar la independencia operativa entre ambas entidades durante un mínimo de tres años.
El BBVA ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Gobierno para autorizar la fusión, que incluyen la gestión independiente del Sabadell y la prohibición de despidos o cierres de oficinas durante un mínimo de tres años.
Las condiciones incluyen que ambas entidades mantengan una gestión independiente y se prohíban despidos o cierres de oficinas durante al menos tres años, con posibilidad de extenderse hasta cinco años.
El BBVA argumenta que el Gobierno solo podía mantener o suavizar las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no endurecerlas. También cuestionará si la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía se ajusta a la Ley de Defensa de la Competencia.
El Ministerio de Economía ha reiterado que actuó conforme a la legislación nacional y respaldado por informes de la Abogacía del Estado, defendiendo que tiene la facultad para imponer condiciones adicionales en interés general.
El Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite la impugnación. Si lo hace, solicitará el expediente y pedirá alegaciones a la Abogacía del Estado antes de analizar la actuación del Ejecutivo.