El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado gran parte de la sentencia sobre una agresión homófoba ocurrida en la Feria de Abril de 2018, absolviendo a tres acusados y reduciendo las penas al resto. Arcópoli expresa su indignación ante esta decisión, que minimiza el carácter homófobo del ataque y considera inaceptable la interpretación de los insultos como un "malentendido". La organización denuncia que esta sentencia perpetúa la impunidad en casos de violencia LGTBIfóbica y exige una revisión judicial, formación específica para el poder judicial y reformas legislativas para proteger adecuadamente a las víctimas.
La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha generado una ola de indignación en la comunidad LGTBI+. Este fallo revoca gran parte de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a la brutal agresión homófoba que tuvo lugar durante la Feria de Abril de 2018. En un giro inesperado, el TSJA ha absuelto a tres de los acusados y ha reducido las penas para los demás implicados, eliminando el delito contra la dignidad y calificando las expresiones homófobas como un mero “malentendido”.
La interpretación del tribunal resulta inaceptable. Insultos explícitos como “maricón de mierda” y amenazas como “os vamos a matar” han sido desestimados como reacciones descontroladas sin intención de humillar por orientación sexual. Esta sentencia no solo ignora el carácter homófobo del ataque, sino que también representa un retroceso preocupante en el reconocimiento y protección jurídica del colectivo LGTBI+.
El caso pone de manifiesto un sesgo estructural LGTBIfóbico dentro del sistema judicial español. La justicia parece no reconocer el odio cuando se presenta ante ella, minimizando las agresiones motivadas por LGTBIfobia y favoreciendo a los agresores sobre las víctimas. Esta situación es alarmante: en España, agredir a alguien por su orientación sexual puede quedar impune.
Desde Arcópoli se exige una revisión inmediata de esta sentencia y que el Ministerio Fiscal actúe para proteger los derechos fundamentales de las víctimas. Además, se reclama formación específica y obligatoria en delitos de odio para todo el poder judicial, con el fin de evitar interpretaciones que trivialicen estas agresiones. También se demanda una reforma legislativa que asegure que los crímenes motivados por LGTBIfobia sean reconocidos y juzgados adecuadamente como violencia estructural.
No se puede normalizar una decisión judicial que blanquea la violencia. La comunidad LGTBI+ no permanecerá en silencio mientras se niega a las víctimas su derecho a la justicia. La lucha continuará tanto en los tribunales como en las calles e instituciones, exigiendo que cada acto de LGTBIfobia sea reconocido, juzgado y condenado apropiadamente.
No fue un malentendido. Fue una agresión homófoba. Y no permitiremos que la justicia vuelva a mirar hacia otro lado.
Arcópoli