El Gobierno de España ha ampliado las adaptaciones en las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad, permitiendo tiempo adicional, el uso de perros de asistencia y prótesis auditivas sin restricciones. Esta medida busca garantizar la igualdad en los procesos selectivos y aumentar la representación de personas con discapacidad en la función pública. La nueva normativa, consultada con el Consejo Nacional de Discapacidad, incluye ajustes razonables y recursos necesarios para facilitar la participación. Además, se incrementa la cuota de reserva del 7% al 10% para este colectivo en el empleo público.
La reciente orden ministerial firmada por los ministerios de Transformación Digital, Función Pública y Derechos Sociales ha marcado un avance significativo en la adaptación de las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Esta medida busca garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos, introduciendo diversas adaptaciones que faciliten la participación de este colectivo.
Entre las modificaciones más destacadas se incluye la concesión de tiempo adicional para la realización de los ejercicios, la posibilidad de contar con un perro de asistencia durante toda la prueba y el uso sin restricciones de prótesis auditivas. Estas adaptaciones han sido elaboradas tras una consulta con el Consejo Nacional de Discapacidad, reflejando un compromiso claro hacia la inclusión.
La iniciativa tiene como objetivo fundamental hacer del empleo público un verdadero "ascensor social", tal como lo ha expresado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública. Este enfoque pretende avanzar hacia una administración pública más inclusiva y accesible, asegurando que ninguna persona quede atrás en su búsqueda de oportunidades laborales.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha enfatizado que esta norma está diseñada para aumentar la representación de personas con discapacidad en el ámbito público, eliminando barreras que históricamente han dificultado su acceso a estas posiciones. “Las administraciones deben beneficiarse del talento y diversidad que aportan estas personas”, afirmó Bustinduy.
La nueva normativa se suma a otras iniciativas previas, como el aumento del porcentaje de reserva para personas con discapacidad en el empleo público del 7% al 10%, así como la creación de unidades específicas dedicadas a promover la inclusión laboral dentro de cada ministerio. Estas acciones buscan asegurar no solo un acceso equitativo, sino también un entorno laboral saludable y accesible para todos los funcionarios.
Las adaptaciones propuestas abarcan desde recursos materiales y humanos hasta tecnologías asistidas necesarias para facilitar las pruebas. Se garantiza además que las personas con discapacidad tengan derecho a utilizar sus productos de apoyo y prótesis durante todo el proceso selectivo.
Las medidas están destinadas a aquellos con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Asimismo, aspirantes sin reconocimiento oficial pero que puedan demostrar su necesidad de apoyo podrán solicitar adaptaciones razonables. En los próximos seis meses se publicará un Manual general que ofrecerá pautas e información sobre cómo garantizar una participación adecuada en estos procesos.
La elaboración y aprobación de esta orden ha contado con el respaldo y consulta a diversas entidades relevantes, asegurando que se aborden todas las necesidades pertinentes para facilitar el acceso al empleo público a personas con discapacidad.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 7% | Cuota de reserva de personas con discapacidad antes del aumento |
| 10% | Cuota de reserva de personas con discapacidad después del aumento |
| 33% | Grado mínimo de discapacidad reconocido para beneficiarse de las medidas |
| 6 meses | Plazo para aprobar el Manual general de adaptaciones |
Se ha concedido un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, se permite el acompañamiento por un perro de asistencia durante toda la prueba y se autoriza el uso sin restricciones de prótesis, como las auditivas.
Los ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 son los que han firmado la orden ministerial relacionada con estas adaptaciones.
El objetivo es garantizar la igualdad efectiva de todas las personas que participen en los procesos selectivos para acceder a un empleo público, eliminando barreras y promoviendo la inclusión de personas con discapacidad en la función pública.
Las medidas están dirigidas a aquellas personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, así como a aquellas que acrediten su situación personal de necesidad de apoyo.
Las adaptaciones pueden incluir medios materiales y humanos, asistencias y soportes, productos de apoyo y tecnologías asistidas necesarias para realizar las pruebas. También se garantiza la accesibilidad del recinto donde se desarrollen las pruebas.
El Manual general de adaptaciones será aprobado en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden, previa consulta al Consejo Nacional de Discapacidad.