Sumar ha presentado una serie de exigencias al presidente Pedro Sánchez para revitalizar la legislatura, enfocándose en una agenda social más robusta y medidas contundentes contra la corrupción. Entre sus propuestas destaca la reforma de la ley de partidos para que estos asuman las responsabilidades económicas por actos delictivos de sus miembros, así como prohibir a empresas condenadas por corrupción participar en contratos públicos durante 20 años. Además, Sumar busca crear una Agencia Independiente contra la Corrupción y establecer que los condenados por corrupción no puedan beneficiarse de indultos. La vicepresidenta Yolanda Díaz enfatiza la importancia de continuar en el Gobierno para enfrentar desafíos actuales y evitar que la coalición caiga ante la extrema derecha.
La coalición Sumar ha expresado su descontento tras la reciente reunión del Gobierno, señalando que no se han observado avances significativos. Ante esta situación, han delineado una serie de demandas dirigidas al presidente Pedro Sánchez, con el objetivo de que la legislatura "valga la pena". Sumar ha dejado claro que no busca cuestiones de confianza ni cambios en el liderazgo, sino un impulso renovado hacia una agenda social y medidas contundentes contra la corrupción.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra el deber "In Vigilando", que propone reformar la ley de partidos para obligar a las formaciones políticas a hacerse responsables por los delitos cometidos por sus miembros. Por ejemplo, si se confirmara que Koldo, Ábalos y Cerdán sustrajeron cinco millones de euros, el PSOE tendría que asumir esa deuda.
Asimismo, Sumar ha reiterado su intención de perseguir tanto a los corruptos como a los corruptores. La formación liderada por Yolanda Díaz propone que las empresas condenadas por corrupción sean excluidas de cualquier adjudicación de obra pública durante un periodo de 20 años. Esta medida busca endurecer las consecuencias para aquellas compañías involucradas en prácticas ilícitas.
Además, Sumar plantea prohibir que los condenados por corrupción puedan beneficiarse de indultos y sugiere la creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción. Este nuevo organismo tendría la facultad de investigar y sancionar casos de corrupción, así como recibir denuncias anónimas relacionadas con este tipo de delitos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha subrayado que todas estas acciones tienen como finalidad evitar que el Gobierno de coalición "caiga", enfatizando que aún hay muchas tareas pendientes. Yolanda Díaz ha declarado que no permitirá convertirse en "un instrumento" para facilitar el avance del Partido Popular (PP), advirtiendo sobre el peligro que representa la extrema derecha, que busca posicionarse en el centro político.
Díaz ha reafirmado su compromiso con el Ejecutivo actual, argumentando que es esencial gobernar para defender valores democráticos y avanzar en políticas sociales, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Sumar exige un relanzamiento de la agenda social y medidas concretas contra la corrupción, incluyendo que los partidos paguen por los delitos cometidos por sus miembros.
Entre las medidas se incluye la prohibición de indultos a corruptos, que las empresas condenadas por corrupción no puedan optar a adjudicaciones de obra pública durante 20 años, y la creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción.
El deber "In Vigilando" contempla una reforma de la ley de partidos para obligar a estos a pagar lo que roben sus miembros, responsabilizando económicamente a los partidos por las acciones ilegales de sus integrantes.
El objetivo principal es asegurar que el Gobierno no caiga y continuar trabajando en una agenda progresista frente a la extrema derecha, buscando apropiarse de valores democráticos y mejorar condiciones sociales como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).