El Congreso de España ha aprobado un informe de la Comisión de Sanidad que propone establecer un modelo de salud mental con enfoque en derechos humanos, prevención del suicidio y aumento de recursos humanos. Este informe, respaldado por todos los grupos excepto VOX, busca mejorar la atención integral a la salud mental y combatir el estigma asociado. Las recomendaciones incluyen incrementar las plantillas de profesionales, humanizar los procesos de atención y priorizar medidas para prevenir conductas suicidas. La diputada Carmen Andrés destacó la importancia de visibilizar los problemas de salud mental en la agenda política. El texto ahora pasará al Pleno del Congreso para su discusión final.
La Comisión de Sanidad del Congreso ha dado un paso significativo al aprobar el Informe de la Subcomisión destinada a mejorar la protección, promoción y atención integral de la salud mental. Este informe cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo VOX, que se ha manifestado en contra. El documento ahora será presentado ante el Pleno del Congreso para su consideración.
La Subcomisión fue establecida por acuerdo del Pleno del Congreso el 1 de abril de 2024, como resultado de una iniciativa socialista aprobada en 2023 que proponía un Pacto de Estado por la Salud Mental. Durante un año, se han llevado a cabo comparecencias con la participación de cuarenta expertos. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la creación de un modelo de salud mental centrado en las personas, que incluya un enfoque en derechos y prevención del suicidio, así como el aumento de recursos y personal mediante una mayor oferta de plazas para formación especializada.
La diputada socialista Carmen Andrés, ponente del informe y representante por Barcelona, enfatizó que “no solo hemos aprobado un informe; hemos puesto sobre la mesa un tema crucial para la salud humana y mental”. Andrés subrayó la importancia de dar visibilidad a los problemas relacionados con la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en la sociedad en general.
Andrés también destacó que “los poderes públicos tienen la responsabilidad de combatir el estigma asociado a estos problemas” e instó a integrar la promoción, prevención y atención en salud mental con igual intensidad que se hace con la salud física. Para ello, es fundamental “definir claramente los perfiles profesionales necesarios, dotarles de recursos adecuados y establecer procesos asistenciales eficaces que respeten la dignidad humana”.
Por su parte, Emilia Almodóvar, diputada socialista por Cáceres, expresó su confianza en que las recomendaciones serán implementadas porque “el desafío merece la pena”. Almodóvar enfatizó que este reto requiere voluntad política transversal que abarque áreas como sanidad, educación, vivienda, empleo y servicios sociales.
En su intervención, lamentó “la falta de rigor” en el voto particular presentado por VOX y defendió “el valor del compromiso serio y responsable frente a retóricas vacías”. Las principales recomendaciones del informe incluyen:
El informe concluye reafirmando que la salud mental es parte del derecho humano fundamental a la salud. Se resalta que los poderes públicos tienen el deber de promoverla y protegerla, adoptando un enfoque universal pero priorizando a aquellos grupos más vulnerables como menores, ancianos o personas en riesgo de exclusión social.
El objetivo del informe es mejorar la protección, promoción y atención integral de la salud mental, estableciendo un modelo centrado en las personas, con enfoque de derechos y prevención del suicidio.
Todos los grupos apoyaron el informe a excepción de VOX, que votó en contra.
Entre las recomendaciones se incluyen la necesidad de humanizar los procesos de atención, priorizar medidas para prevenir conductas suicidas, incrementar las plantillas mediante formación especializada y corregir las ratios profesionales en comparación con otros países.
Las diputadas Carmen Andrés y Emilia Almodóvar fueron las ponentes que resaltaron la importancia del informe y su impacto en la agenda política sobre salud mental.
Los poderes públicos tienen la obligación de promover y proteger la salud mental como un derecho humano fundamental, especialmente para las personas más vulnerables.