La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en pisos prostíbulo de seis comunidades autónomas. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de trabajo, adquirían deudas de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. En la operación se liberaron 18 mujeres y se detuvieron a cinco personas en Bilbao y Gijón. La investigación comenzó tras el testimonio de una víctima y reveló un entramado que operaba en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Además, se llevaron a cabo registros donde se incautaron dinero y documentación incriminatoria. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio contra la trata de seres humanos en España.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas en pisos prostíbulo distribuidos por seis comunidades autónomas. Las víctimas eran atraídas desde Colombia con falsas promesas de empleo, y tras su llegada a España, se les imponía una deuda que podía alcanzar los 8.000 euros, obligándolas a ejercer la prostitución para saldarla. En total, se han liberado a 18 mujeres y se han detenido a cinco individuos en Bilbao (tres) y Gijón (dos), de los cuales dos han sido enviados a prisión provisional. La operación incluyó siete registros domiciliarios y la clausura judicial de seis inmuebles.
La investigación comenzó en septiembre de 2024 tras el testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander. A partir de esta denuncia, los investigadores identificaron un entramado criminal compuesto inicialmente por cinco personas, que posteriormente se dividió en tres ramas independientes pero interconectadas. Esta red operaba de manera itinerante, gestionando pisos temporales o permanentes en comunidades como Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).
Las mujeres eran captadas en Colombia bajo condiciones de extrema vulnerabilidad por uno de los principales investigados. Se les ofrecían trabajos bien remunerados en España, tras lo cual se les proporcionaban pasajes aéreos y dinero para pasar el control fronterizo haciéndose pasar por turistas.
Una vez en territorio español, las víctimas recibían instrucciones sobre cómo llegar a las ciudades donde serían explotadas. Al llegar, sus pasaportes eran confiscados y se les informaba sobre una supuesta deuda contraída con la organización que variaba entre 3.000 y 4.500 euros; sin embargo, algunas llegaron a pagar hasta 8.000 euros. Para saldar esta deuda, las mujeres debían ofrecer servicios sexuales. Una vez pagada la deuda inicial, muchas continuaban trabajando bajo un régimen del 50% del beneficio obtenido, lo que dificultaba su desvinculación de la organización.
Las mujeres estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas del día durante toda la semana sin posibilidad de rechazar clientes. Además, eran sometidas a rotaciones quincenales entre diferentes pisos controlados por la red, lo que aumentaba su vulnerabilidad.
La investigación reveló también que las víctimas sufrían agresiones físicas si se negaban a trabajar e incluso si tenían problemas de salud. La organización promovía el consumo de drogas para extender el tiempo dedicado a los servicios sexuales e incluía estas sustancias en sus anuncios publicitarios para atraer clientes.
Asimismo, las víctimas eran forzadas a abrir cuentas bancarias a su nombre que luego eran utilizadas por los miembros del grupo para mover dinero encubiertamente, desvinculándose así de los beneficios obtenidos mediante la explotación.
Durante la operación policial se realizaron registros en siete inmuebles donde fueron incautados 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. También se bloquearon diez cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar las ganancias derivadas de esta actividad delictiva.
Simultáneamente al operativo que desmanteló esta organización criminal, agentes de la Policía Nacional colaboraron con la Ertzaintza para desarticular otro entramado dedicado a la trata de seres humanos con fines sexuales. Este grupo tenía ramificaciones en varias ciudades como Bilbao, Vitoria, Pamplona y Zaragoza. Captaban víctimas en Brasil e impusieron condiciones infrahumanas para su explotación sexual en prostíbulos. Como resultado de esta operación se liberaron nueve mujeres y se arrestaron a 21 personas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 18 | Mujeres liberadas |
| 5 | Personas detenidas |
| 8,000 | Máxima deuda impuesta a una víctima (en euros) |
| 12,245 | Euros en efectivo intervenidos durante la operación |
| 10 | Cuentas bancarias bloqueadas utilizadas por los delincuentes |
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen colombiano en pisos prostíbulo en seis comunidades autónomas.
Las víctimas eran captadas en Colombia mediante falsas promesas de trabajo, donde se les ofrecían empleos bien remunerados. Una vez aceptaban, se les facilitaba el traslado a España y se les imponía una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Se han liberado 18 mujeres y cinco personas han sido detenidas, de las cuales dos han ingresado en prisión provisional.
La deuda impuesta a las víctimas podía ascender hasta 8.000 euros, que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Las mujeres estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y eran sometidas a agresiones físicas si se negaban a trabajar. Además, se les obligaba a consumir drogas para aumentar su tiempo de prestación de servicios sexuales.
En la misma fecha, se desarticuló otro entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, logrando liberar a nueve mujeres y arrestar a 21 personas en varias localidades.
La Policía Nacional cuenta con una línea telefónica (900105090) y un correo electrónico (trata@policia.es) para facilitar la colaboración ciudadana y denuncias anónimas sobre este tipo de delitos.