El informe de Ecologistas en Acción revela que en 2024, dos tercios de la población española, es decir, 31 millones de personas, respiraron aire contaminado por encima de los nuevos límites legales establecidos por la Unión Europea para 2030. A pesar de una mejora general en la calidad del aire respecto a años anteriores, las áreas urbanas siguen incumpliendo los estándares de dióxido de nitrógeno (NO2), el principal contaminante relacionado con el tráfico. Las comunidades más afectadas incluyen Canarias y la Comunidad de Madrid, donde se registraron episodios críticos de contaminación. La organización destaca la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y cumplir con los planes de calidad del aire para proteger la salud pública y el medio ambiente.
Un reciente informe de Ecologistas en Acción revela que **31 millones de españoles** estuvieron expuestos en 2024 a niveles de contaminación que superan los nuevos límites establecidos por la Unión Europea para 2030. Este alarmante dato pone de manifiesto la gravedad de la situación ambiental en el país.
Durante el tercer año más cálido desde que se tienen registros, España experimentó episodios significativos de contaminación, especialmente en las Islas Canarias y la Comunidad de Madrid, donde se registraron las peores condiciones. Las principales áreas urbanas no lograron cumplir con el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno, el contaminante más asociado al tráfico vehicular. A pesar de ello, muchas ciudades aún no han implementado zonas de bajas emisiones efectivas, como lo exige la normativa vigente.
El informe se basa en datos obtenidos de **790 estaciones oficiales** de medición distribuidas por todo el territorio español, incluyendo aeropuertos y puertos. Entre sus conclusiones más destacadas se encuentra que, si bien la calidad del aire ha mejorado en comparación con 2023 y los años previos a la pandemia, casi dos tercios de la población sigue respirando aire contaminado según los nuevos estándares europeos.
A lo largo del año pasado, se observó una reducción significativa en los niveles de partículas (PM10 y PM2,5), así como en el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico. Sin embargo, **8,4 millones** de personas continuaron expuestas a niveles superiores a los límites legales vigentes. En términos geográficos, regiones como Canarias y Madrid fueron particularmente afectadas.
Conforme a las recomendaciones más estrictas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que toda la población española estuvo expuesta a aire contaminado durante 2024. Esto representa un desafío considerable para las administraciones públicas que deberán trabajar para alinearse con las nuevas regulaciones ambientales.
La situación climática también ha influido notablemente; el año fue húmedo y uno de los más cálidos desde 1961. La estabilidad atmosférica invernal contribuyó a episodios de contaminación por partículas provenientes del norte de África, mientras que las altas temperaturas estivales aumentaron los niveles de ozono durante las olas de calor.
El cambio hacia un sistema energético más limpio ha sido clave para reducir la contaminación atmosférica. Aunque el uso del petróleo volvió a niveles prepandémicos, el consumo de gas disminuyó y las energías renovables representaron un **57%** de la demanda eléctrica. Sin embargo, el tráfico motorizado sigue siendo la principal fuente de contaminación en áreas urbanas densamente pobladas.
A pesar del avance en algunos indicadores, el informe subraya que las partículas finas y el NO2 continúan afectando a gran parte de la población española. En particular, Canarias reportó una alarmante cantidad de superaciones del umbral crítico para PM10. Asimismo, Madrid se destacó por tener un alto número de incidentes relacionados con ozono durante los meses más calurosos.
Ecologistas en Acción enfatiza que es imperativo abordar la contaminación del aire como un problema sanitario prioritario. Según datos recientes, hasta **30.000 personas** fallecieron prematuramente en España debido a enfermedades relacionadas con mala calidad del aire en 2022. Además, los costos asociados representan aproximadamente **50.000 millones** de dólares anuales para el país.
A medida que avanza la implementación de políticas ambientales más estrictas y se espera una rápida transposición legislativa tras la aprobación reciente de una nueva Directiva europea sobre calidad del aire, Ecologistas en Acción hace un llamado urgente al Gobierno para adoptar medidas efectivas que garanticen un futuro más saludable para todos los ciudadanos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 31 millones | Población expuesta a niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados para 2030. |
| 8,4 millones | Población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales actuales. |
| 83.000 km² | Superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación. |
| 410.000 km² | Superficie afectada según los valores recomendados por la OMS, representando el 81% del territorio español. |
En 2024, aproximadamente 31 millones de personas en España estuvieron expuestas a niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
La calidad del aire en España ha mejorado respecto a 2023 y los años anteriores a la COVID-19, con una reducción significativa de los niveles de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono troposférico.
La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas es el tráfico motorizado. También se identifican fuentes industriales que afectan la calidad del aire, especialmente cerca de grandes centrales termoeléctricas.
Es necesario disminuir el tráfico motorizado, fomentar la movilidad activa peatonal y ciclista, promover el transporte público eléctrico y adoptar técnicas industriales más limpias.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, hasta 30.000 personas fallecieron prematuramente en España en 2022 debido a enfermedades agravadas por la mala calidad del aire.
A pesar de que existen planes obligatorios para mejorar la calidad del aire, muchas comunidades autónomas aún no han cumplido con su obligación de aprobarlos y aplicar medidas eficaces.