La Federación Estatal LGTBI+ denuncia las barreras de acceso al asilo que enfrentan las personas del colectivo en España, especialmente en el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Muchas personas LGTBI+ se ven obligadas a huir de sus países debido a la violencia y persecución, pero al llegar a España enfrentan un sistema ineficaz que retrasa su acceso al procedimiento de asilo. La organización advierte sobre una creciente ola antiderechos a nivel mundial, impulsada por gobiernos autoritarios, y expresa su solidaridad con todas las personas desplazadas, incluyendo a la población palestina. Exigen una respuesta política que garantice el derecho de asilo como un mecanismo real de protección y justicia.
En el Día Internacional de las Personas Refugiadas, la Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado las serias dificultades que enfrentan los solicitantes de asilo del colectivo en España. Esta situación se agrava por la prolongada espera que muchos deben afrontar antes de poder iniciar el procedimiento, dejándolos fuera del sistema de acogida.
La organización advierte sobre una creciente ola de retrocesos en derechos humanos, impulsada por gobiernos autoritarios y fuerzas reaccionarias que utilizan el odio hacia el colectivo LGTBI+ como herramienta para polarizar la política. En este contexto, expresan su solidaridad con todas las personas desplazadas por conflictos y persecuciones, poniendo especial énfasis en la población palestina.
Numerosas personas LGTBI+ se ven obligadas a abandonar sus países de origen para salvaguardar su vida y dignidad ante la violencia y persecución por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, al llegar a España, se encuentran con un sistema ineficaz que retrasa su acceso al procedimiento de asilo durante meses, excluyéndolos de cualquier medida de protección.
Este fenómeno no es aislado; forma parte de un patrón global más amplio. La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha subrayado que “asistimos a una preocupante ola de retrocesos en derechos humanos”, donde gobiernos ultraconservadores promueven leyes que limitan derechos y persiguen a quienes no se ajustan a normas heteronormativas.
En este escenario internacional, la situación del pueblo palestino es especialmente crítica. La violencia estructural y los desplazamientos forzados afectan gravemente a toda la población civil, incluyendo a las personas LGTBI+, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: son víctimas tanto del apartheid como de la persecución por su identidad sexual. Iglesias enfatiza que “el derecho de asilo no puede estar condicionado por intereses geopolíticos” y debe priorizar siempre los derechos humanos.
España tiene la responsabilidad como firmante de tratados internacionales para garantizar el acceso efectivo a la protección internacional. Sin embargo, esta obligación se ve comprometida por una administración colapsada y mecanismos ineficaces. Iglesias ha señalado que “muchas personas esperan meses solo para obtener una cita para iniciar su trámite”, lo cual les impide acceder a derechos esenciales como alojamiento o asistencia jurídica.
La burocracia se convierte así en un obstáculo significativo para quienes han sufrido violencia y persecución. Iglesias denuncia que “obligar a estas personas a esperar meses no solo vulnera sus derechos, sino que también las expone nuevamente a situaciones de violencia y desamparo”.
Ante este panorama, la Federación Estatal LGTBI+ exige una respuesta decidida por parte de los gobiernos democráticos. “No basta con denunciar violaciones fuera si no garantizamos una acogida digna dentro”, recalca Iglesias. Por ello, hacen un llamado claro: es necesario asegurar que el derecho de asilo sea accesible y efectivo, evitando que funcione como un laberinto burocrático que condene al abandono.
Las personas LGTBI+ solicitantes de protección internacional en España pueden pasar meses sin poder iniciar el procedimiento de asilo y quedan fuera del sistema de acogida, lo que representa una grave dificultad para su acceso a la protección.
Se advierte sobre una ola antiderechos a nivel mundial, promovida por gobiernos autoritarios y fuerzas reaccionarias que utilizan el odio hacia el colectivo LGTBI+ como herramienta de control y polarización política.
La Federación exige una respuesta política firme que garantice el derecho de asilo como un mecanismo real de protección, justicia y reparación, sin condicionarlo a intereses geopolíticos.
Las personas LGTBI+ palestinas enfrentan una doble vulnerabilidad debido a la violencia del apartheid y la persecución por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Se señala que hay muchas dificultades para acceder al procedimiento de protección internacional debido a una administración colapsada, lo que retrasa el acceso y deja a los solicitantes sin derechos esenciales durante meses.
Proponen asegurar que el derecho de asilo sea accesible, ágil y efectivo, evitando que funcione como un laberinto burocrático que condena al abandono.