Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha presentado un documento con 35 medidas radicales y contundentes para combatir la corrupción en España. En una conferencia de prensa, destacó la necesidad de pasar de los lamentos a la acción política y propuso un endurecimiento en la persecución de delitos relacionados con la corrupción, incluyendo sanciones para corruptos y corruptores. Las medidas incluyen la creación de una Ley Integral Anticorrupción, reformas al Código Penal y la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción. Maíllo enfatizó que es crucial actuar legislativamente para restaurar la ética pública y responder a la indignación ciudadana. Para más detalles sobre estas propuestas, visita el enlace.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha dado a conocer esta mañana un conjunto de propuestas que busca combatir la corrupción en el país. Este documento incluye “35 medidas radicales, claras y contundentes” que abordan la persecución de delitos relacionados con la corrupción, así como la necesidad de endurecer las sanciones para corruptos y corruptores. Las propuestas también se centran en el fraude fiscal, las relaciones entre cargos públicos y las campañas electorales, además de plantear acciones contra el transfuguismo.
Durante una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de IU en el Congreso, Maíllo subrayó la urgencia de “salir de los lamentos” y transformar esta situación en acción política. Afirmó que estamos ante un momento crítico que requiere una respuesta legislativa firme para sanar las “graves heridas en la ética pública”.
El líder de IU hizo hincapié en la importancia de ofrecer respuestas a millones de ciudadanos indignados que demandan claridad y seguridad. “El Gobierno debe actuar a través de leyes y acuerdos del Consejo de Ministros”, indicó Maíllo, quien enfatizó que no es suficiente con expresar pesar por la situación actual.
Entre las medidas presentadas destaca la creación de una Ley Integral Anticorrupción, que obligaría a los corruptos a asumir los costos derivados de sus actos, incluyendo perjuicios a terceros y gastos judiciales. Además, se propone prohibir a empresas condenadas por corrupción participar en concursos públicos durante diez años.
Otra propuesta clave es una ley destinada a expropiar bienes obtenidos mediante prácticas corruptas, así como reformar el Código Penal para ampliar los equipos penales encargados de perseguir estos delitos. Maíllo también aboga por sancionar a quienes sean testigos pasivos de actos delictivos sin denunciarlos.
Asimismo, el coordinador solicitó un endurecimiento del delito de cohecho y soborno impropio, así como el establecimiento de una Oficina de Prevención de la Corrupción. Estas iniciativas ya habían sido presentadas anteriormente en el Congreso y buscan fortalecer el marco legal contra la corrupción.
Maíllo anunció que estas propuestas serán comunicadas a otros partidos políticos con los que IU comparte grupo parlamentario y al PSOE, partido con el cual comparten Gobierno. En este sentido, destacó que mañana se evaluará si es necesario incorporar más contenidos tras escuchar la intervención del secretario general del PSOE sobre las medidas internas relacionadas con este tema.
A preguntas sobre posibles implicaciones legales para el PSOE debido a investigaciones por financiación ilegal, Maíllo fue claro: “Debemos hablar de realidades actuales”. Sin embargo, advirtió que cualquier imputación cambiaría drásticamente el panorama político.