El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una agencia inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados. Este es el segundo expediente de este tipo en poco tiempo, tras denuncias del Sindicato de Inquilinas y asociaciones de consumidores. Las infracciones podrían conllevar multas significativas, y se enmarcan en una investigación más amplia sobre el sector inmobiliario. La iniciativa busca proteger el derecho a la vivienda, considerado un bien de primera necesidad. Para más información, visita el enlace.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso significativo al abrir un nuevo expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria que opera a nivel nacional. Esta acción se debe a posibles prácticas abusivas dirigidas hacia inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler, incluyendo el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados.
Este expediente representa el segundo caso de este tipo desde que Pablo Bustinduy asumió la dirección del Ministerio. El primero fue instaurado a finales de marzo contra otra agencia inmobiliaria nacional por similares acusaciones. Ambas investigaciones forman parte de un amplio análisis iniciado en octubre de 2024, impulsado por denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas CECU y organizaciones como FACUA y OCU, que continúan evaluando otras empresas del sector que podrían estar involucradas en prácticas abusivas.
Las infracciones más comunes señaladas por las distintas organizaciones incluyen la obligación para los inquilinos de pagar comisiones por la gestión del arrendamiento, así como la imposición de seguros o servicios no requeridos. En este contexto, el Ministerio subraya que la Ley 12/2023, promulgada el 24 de mayo, prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos relacionados con la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato.
La Dirección General de Consumo advierte que estas cláusulas pueden constituir infracciones graves según la Ley de Defensa de los Consumidores. Las sanciones podrían ser severas:
Los procedimientos abiertos contra estas agencias inmobiliarias se suman a otros expedientes en el ámbito del alquiler turístico. Uno involucra a una gran plataforma que gestiona miles de anuncios considerados publicidad ilícita, mientras que otro afecta a empresas administradoras en diversas comunidades autónomas. Estas últimas han sido acusadas de ofrecer información engañosa o confusa sobre sus propiedades, lo cual también se considera una práctica desleal. Hasta ahora, más de 65.935 anuncios ilegales han sido bloqueados en plataformas como Airbnb.
Bustinduy enfatiza que la vivienda es un derecho fundamental y un bien esencial protegido por ley. Las acciones emprendidas buscan salvaguardar el acceso a este derecho y proteger a los consumidores frente a conductas abusivas en contratos de alquiler. Desde el Ministerio se han llevado a cabo campañas informativas dirigidas a operadores del mercado sobre las posibles irregularidades en las prácticas contractuales. Cabe destacar que la apertura del expediente sancionador no implica una conclusión definitiva sobre los hechos investigados.
| Infracción | Multa máxima | Posibilidad de multa adicional |
|---|---|---|
| Graves | Hasta 100,000 euros | Cuatro a seis veces el beneficio ilícito obtenido |
| Muy graves | Hasta 1,000,000 euros | Seis a ocho veces el beneficio ilícito obtenido |
El Ministerio ha incoado un expediente sancionador a una agencia inmobiliaria por posibles prácticas abusivas contra inquilinos, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados.
Se trata del segundo expediente sancionador abierto por el Ministerio en relación con prácticas abusivas en la gestión del alquiler. El primero se abrió a finales de marzo de 2025.
Las infracciones incluyen obligar a los inquilinos a pagar comisiones por la gestión del arrendamiento y la imposición de contratación de seguros o servicios no solicitados.
Las infracciones pueden ser calificadas como graves o muy graves, con multas que oscilan entre 100.000 euros y un millón de euros, dependiendo de la gravedad y el beneficio ilícito obtenido.
El objetivo es proteger el derecho de acceso a la vivienda y los derechos de los consumidores, asegurando que las prácticas abusivas en el sector inmobiliario sean investigadas y sancionadas adecuadamente.