El Gobierno español ha mostrado un respaldo unánime al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento por el Tribunal Supremo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que este hecho busca desviar la atención de los problemas del PP, mientras que otros miembros del Ejecutivo han expresado su apoyo. García Ortiz, quien se niega a dimitir y mantiene su inocencia, es el primer fiscal general procesado en la historia democrática de España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, le aseguró: "No estás solo". Esta situación ha generado tensiones con el PP, que exige su dimisión.
La reciente decisión del Tribunal Supremo de proponer juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suscitado una ola de reacciones tanto en el Gobierno como en su socio de coalición, Sumar. Sin embargo, las declaraciones más contundentes provienen del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien sostiene que el procesamiento no es un hecho aislado.
Puente ha utilizado su cuenta en X para afirmar que este movimiento judicial podría ser un intento de la llamada "oposición real" por desviar la atención de los problemas que enfrenta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la manifestación celebrada en Madrid. En sus palabras, se insinúa que el juez Ángel Hurtado está actuando en complicidad con la derecha política, sugiriendo que su objetivo no es impartir justicia sino facilitar el ascenso de Feijóo al poder.
El mensaje del ministro destaca que "la oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo", refiriéndose a las dificultades políticas que enfrenta el líder popular. Este comentario ha generado un debate sobre la relación entre la justicia y la política en España.
No solo Puente ha expresado sus dudas; otros miembros del Ejecutivo también han sumado voces críticas. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, han coincidido en sus declaraciones al advertir que "el dedo no impida ver la luna". Esta expresión sugiere una preocupación por las distracciones políticas que podrían estar influyendo en decisiones judiciales.
A pesar de las presiones externas, parece claro que García Ortiz no tiene intención de dimitir. El magistrado Hurtado considera que existen indicios suficientes para investigar si García Ortiz cometió un delito relacionado con la revelación de secretos al filtrar información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz se convierte así en el primer fiscal general del Estado procesado en la historia democrática española. A pesar de esta situación crítica, el respaldo gubernamental hacia él es firme. En un momento capturado por las cámaras de laSexta, Ana Redondo, ministra de Igualdad, le aseguró: "No estás solo". En esa conversación se ofreció apoyo incondicional: "Todo lo que necesites... No te escondas".
El Gobierno continúa mostrando públicamente su apoyo a García Ortiz, describiéndolo como un funcionario "ejemplar". No obstante, esta postura contrasta con las demandas del Partido Popular, cuyo sede central en Génova exige su dimisión argumentando que su situación es "insostenible". La tensión entre ambas partes refleja un clima político cada vez más polarizado.
El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por indicios de haber cometido un delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de un correo que admitía delitos fiscales por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno ha mostrado un respaldo unánime a García Ortiz, con mensajes de apoyo y afirmaciones de que su procesamiento no es casual y podría estar vinculado a intentos de la oposición para desviar la atención de sus propios problemas.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que el procesamiento busca tapar los errores del PP en una reciente manifestación. Otros miembros del Gobierno también han expresado su apoyo, utilizando frases similares para enfatizar su solidaridad con García Ortiz.
No, el fiscal general ha mantenido su inocencia y ha descartado dimitir a pesar del procesamiento en su contra.
El PP exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, argumentando que su situación es "insostenible".