Izquierda Unida ha solicitado formalmente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que verifique y garantice que el reciente pirateo informático en el Senado no ha afectado a los equipos del Congreso. A través de su portavoz, Enrique Santiago, los diputados de IU piden información detallada sobre el alcance del incidente y la implementación de mecanismos de comprobación para asegurar la integridad de la infraestructura informática del Congreso. Esta solicitud surge tras contradicciones en las versiones ofrecidas por el Senado sobre los accesos indebidos realizados por dos trabajadores despedidos, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles casos de espionaje parlamentario y vulneraciones de derechos fundamentales.
Izquierda Unida ha presentado un escrito formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el que solicita información detallada sobre el reciente incidente de pirateo informático ocurrido en el Senado. La solicitud fue realizada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, junto a los diputados del Grupo Plurinacional Sumar: Toni Valero, Nahuel González, Francisco Sierra, Engracia Rivera y Fèlix Alonso.
En su comunicación, los parlamentarios instan a Armengol a que “solicite información al Senado para conocer en detalle el alcance del incidente y las posibles afecciones que haya podido tener en el sistema y equipos informáticos del Congreso”. Esta petición surge tras la denuncia de un acceso no autorizado a ordenadores de la Cámara Alta la semana pasada.
Los miembros de IU también exigen que se implementen mecanismos de verificación para asegurar que no ha habido impacto en la infraestructura informática del Congreso. En su escrito, destacan la importancia de informar a los miembros de la Cámara sobre los resultados de este proceso de comprobación.
Esta actuación llega después de que las autoridades del Senado, dominadas por el Partido Popular, modificaran su versión sobre el incidente. Inicialmente se había afirmado que dos trabajadores habían accedido sin autorización a varios equipos; sin embargo, posteriormente se aseguró que no hubo acceso directo a ordenadores de senadores.
A pesar de las aclaraciones ofrecidas por el Senado, varios medios han tenido acceso a documentos que confirman accesos indebidos a portafirmas electrónicos pertenecientes a senadores y otros funcionarios. La resolución final del expediente sancionador indica que estos accesos permitieron descargas de documentos personales.
Ante esta situación, Izquierda Unida expresa su preocupación por la gravedad del asunto. En su escrito dirigido a Armengol, mencionan que han tomado conocimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía para investigar estos accesos no autorizados. “Existen indicios de descarga ilícita de documentos”, subrayan los diputados.
Los parlamentarios advierten sobre las sospechas de espionaje parlamentario y enfatizan que este tipo de incidentes podría comprometer tanto los derechos individuales de los senadores como las garantías democráticas necesarias para su labor representativa. Por ello, demandan una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.
Finalmente, desde Izquierda Unida hacen un llamado urgente a la presidenta del Congreso para que tome medidas adecuadas ante esta situación alarmante y garantice así la integridad y seguridad en el ejercicio democrático dentro del Parlamento.
Los diputados de Izquierda Unida han pedido por escrito a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que verifique, informe y garantice que el pirateo informático en el Senado no ha tenido impacto en ningún equipo del Congreso.
Se denunció un acceso indebido por parte de dos trabajadores informáticos a ordenadores de la Cámara Alta, lo que generó preocupación sobre posibles afectaciones a la infraestructura informática del Congreso.
Inicialmente, el Senado aseguró que los despedidos no accedieron a los equipos de ningún parlamentario, pero luego se reveló que hubo accesos indebidos a portafirmas de senadores y otros empleados, lo que contradice la versión anterior.
Los diputados consideran que este incidente podría suponer un caso de espionaje parlamentario y una vulneración de los derechos fundamentales de los senadores, afectando así las garantías democráticas en su trabajo representativo.
Piden una investigación exhaustiva del alcance de la infiltración y la posible vulneración de derechos, así como mecanismos de comprobación para garantizar que no hubo impacto en los sistemas del Congreso.