Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en los 'protocolos de la vergüenza' que llevaron a la muerte de 7.291 ancianos en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las víctimas, que llevaban años esperando respuestas sobre la negativa a trasladar a los enfermos a hospitales, denuncian esta situación como una "maniobra dilatoria". La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados habían sido notificados correctamente. Esta causa se reabrió tras una denuncia colectiva por presunta discriminación en el acceso al servicio sanitario. Los afectados continúan exigiendo justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria.
La jornada de hoy en los juzgados ha estado marcada por la tensión y la frustración de los familiares de las 7.291 víctimas que fallecieron en residencias de Madrid durante la pandemia. Estos familiares, que llevaban años esperando el momento de escuchar a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se han visto obligados a seguir esperando debido a una suspensión administrativa de las declaraciones.
Las comparecencias estaban programadas para este lunes y debían incluir a Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez, todos ellos imputados por su relación con lo que se conoce como los 'protocolos de la vergüenza'. Sin embargo, la jueza Inés Durántez decidió suspender las declaraciones porque no todos los imputados habían sido debidamente notificados, lo que podría generar alegaciones de indefensión en el futuro.
A las 12:00 del mediodía, los ex altos cargos estaban citados para declarar en calidad de investigados en los Juzgados de Plaza Castilla. La situación se complicó aún más con la suspensión también de la declaración de un conductor de ambulancias solicitada por la Fiscalía. Esta decisión ha sido interpretada por los abogados de las víctimas como una maniobra dilatoria.
El Ministerio Público había solicitado que estos tres miembros del Gobierno regional fueran considerados investigados por un presunto delito relacionado con la denegación discriminatoria del servicio sanitario. Esto surge tras una nueva denuncia colectiva presentada por 109 familiares de ancianos que fallecieron en residencias durante la crisis sanitaria, quienes no pudieron ser trasladados a hospitales debido a estas directrices polémicas.
En medio del caos judicial, Antonio Burgueño, quien fue asesor y propuso tratar a enfermos en residencias, fue recibido con gritos y reproches al llegar al juzgado. A pesar de su intento por dar explicaciones, se mostró visiblemente afectado. En contraste, Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, evitó cualquier contacto visual mientras ingresaba al recinto judicial.
Los protocolos cuestionados fueron elaborados por Javier Peromingo, quien defendió su contenido afirmando que no eran discriminatorios. No obstante, los familiares continúan exigiendo respuestas y justicia, convencidos de que hubo órdenes superiores detrás de estas decisiones fatídicas. Las asociaciones defensoras han señalado claramente que estos protocolos reflejan una “discriminación clarísima” basada en la edad y el hecho de vivir en una residencia.
A lo largo del día, se ha revelado que tanto Mur como Peromingo están implicados en otras querellas ya admitidas a trámite. Cabe recordar que ambos ya habían declarado anteriormente como testigos en 2021, donde sus versiones presentaron numerosas contradicciones. En aquella ocasión coincidieron únicamente en afirmar que el protocolo no debía aplicarse obligatoriamente, sino que era una serie de recomendaciones.
Mientras Mur describió el protocolo como “una guía”, Peromingo argumentó estar en desacuerdo con algunos aspectos del mismo. Esta falta de consenso entre ellos sobre cómo manejar situaciones críticas durante la pandemia solo añade más complejidad al caso actual y resalta las deficiencias en la gestión sanitaria durante uno de los momentos más críticos para el país.
Las declaraciones fueron suspendidas debido a un fallo administrativo, ya que no todos los imputados estaban notificados de la denuncia ni del auto de incoación de diligencias.
Los altos cargos implicados son Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes están siendo investigados por su papel en los 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia.
Los 'protocolos de la vergüenza' se refieren a las directrices establecidas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que supuestamente llevaron a la denegación del traslado a hospitales de ancianos en residencias durante la pandemia, lo que resultó en numerosas muertes.
Los familiares de las 7.291 víctimas exigen justicia y respuestas sobre quién dio la orden de no trasladar a los ancianos a hospitales, considerándolo una clara discriminación en el acceso al servicio sanitario.
La suspensión podría llevar a que los imputados aleguen indefensión, lo que podría acarrear nulidad en futuras actuaciones judiciales relacionadas con el caso.