Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con las más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del 'protocolo técnico', son considerados responsables de los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos. La citación se produce tras la reapertura de una causa archivada, impulsada por una denuncia colectiva de familiares de víctimas. Las organizaciones demandantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en estas decisiones. Este caso marca un hito en la judicialización de la gestión sanitaria durante la crisis del COVID-19 en España.
Un juez ha tomado la decisión histórica de imputar a dos ex altos cargos del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con las más de 7.000 muertes ocurridas en residencias de ancianos durante la pandemia. Los implicados son Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', y Francisco Javier Martínez Peromingo, quien coordinó el 'protocolo técnico' que complementaba al primero.
El juez ha citado a ambos para comparecer como investigados el próximo lunes 26 de mayo, considerándolos responsables de los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de miles de ancianos desde las residencias al inicio de la crisis sanitaria. En particular, Mur firmó un protocolo que prohibía el traslado al hospital de residentes enfermos simplemente por su condición física o cognitiva, mientras que Martínez Peromingo se encargó de detallar cómo debía implementarse dicha normativa.
La imputación se produce tras la reapertura el pasado 1 de abril de una causa que había sido archivada provisionalmente hace casi tres años. Esta decisión fue motivada por un recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Madrid, en respuesta a una denuncia colectiva interpuesta por 109 familiares de víctimas en residencias. La denuncia fue coordinada por las organizaciones 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia', y se centró en posibles delitos relacionados con la denegación discriminatoria del acceso a asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Las mencionadas organizaciones han instado a los imputados a revelar detalles sobre la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, así como sobre las decisiones tomadas por Ayuso que impactaron gravemente en la vida de muchos residentes. De hecho, afirman con firmeza que "la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo".
En relación con esta situación, la presidenta madrileña fue interrogada por los medios durante la mañana del viernes. Al ser consultada sobre su preocupación respecto a la imputación, Ayuso respondió que se trata de un caso "que estaba archivado desde hace tres años", añadiendo que ahora "la Fiscalía ha cambiado de criterio": "Es toda la información que tengo".
Aunque tanto Mur como Martínez Peromingo ya habían testificado anteriormente en otras causas relacionadas con las numerosas querellas abiertas en los últimos cinco años, esta es una situación singular. Una vez más, se pone bajo escrutinio el enfoque judicial hacia quienes diseñaron e implementaron los protocolos durante la pandemia.
Hasta ahora, las investigaciones judiciales habían estado enfocadas principalmente en directores o médicos de residencias; sin embargo, nunca antes se había responsabilizado a quienes elaboraron y aplicaron los protocolos que limitaron el acceso a atención médica adecuada para los ancianos. El Ministerio Público dividió las denuncias presentadas en octubre entre varias fiscalías locales, lo que permitió abordar casos específicos según su procedencia geográfica.
En total, hay 92 procedimientos abiertos relacionados con denuncias o querellas por denegación discriminatoria del servicio sanitario. Algunos casos aún están pendientes de admisión judicial, mientras que otros ya han llegado a instancias superiores tras recursos interpuestos por denunciantes cuyos casos fueron rechazados inicialmente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 7,000 | Muertes en residencias de mayores en Madrid durante la pandemia. |
| 109 | Familiares de víctimas que presentaron una denuncia colectiva. |
| 53 | Denunciantes a los que correspondió la Fiscalía Provincial de Madrid. |
| 92 | Total de procedimientos relacionados con denuncias o querellas. |
El juez ha imputado al director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y al coordinador del 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo.
Se les imputa por su responsabilidad en los protocolos que bloquearon el traslado hospitalario de miles de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia, lo que resultó en más de 7.000 muertes en residencias de mayores en Madrid.
Se les atribuye un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, según el artículo 511 del Código Penal.
Los protocolos firmados por Carlos Mur impedían el traslado al hospital de residentes enfermos basándose en criterios como el uso de silla de ruedas o deterioro cognitivo.
Las organizaciones 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia' han coordinado una denuncia colectiva contra altos cargos del Gobierno regional.
Isabel Díaz Ayuso ha señalado que se trata de una causa que estaba archivada desde hace tres años y que la Fiscalía ha cambiado de criterio.
Aparte de las imputaciones recientes, hay otros 92 procedimientos abiertos relacionados con denuncias o querellas sobre la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria durante la pandemia.