España ha descendido al quinto puesto en el Rainbow Map 2025, un informe de ILGA-Europe que mide la protección de los derechos LGTBI+ en Europa. A pesar de mantener una alta calificación del 74% en cumplimiento legislativo, la Federación Estatal LGTBI+ advierte sobre el estancamiento y retrocesos en la implementación efectiva de estos derechos frente al aumento del odio y las campañas en contra del colectivo. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, destaca la necesidad urgente de reactivar el compromiso político para garantizar la igualdad real y proteger los avances logrados. El informe refleja una tendencia alarmante de retroceso en derechos a nivel europeo, subrayando la importancia de continuar avanzando y no permitir que se frenen los derechos LGTBI+.
Según el informe Rainbow Map 2025, presentado por ILGA-Europe, España ha descendido al quinto puesto en la clasificación que mide el compromiso de los países europeos con los derechos de las personas LGTBI+. Con un cumplimiento legislativo y de políticas públicas del 74%, nuestro país pierde una posición respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto una preocupante tendencia de estancamiento, mientras otras naciones avanzan en el reconocimiento y protección efectiva del colectivo.
La Federación Estatal LGTBI+ señala que esta pérdida de liderazgo no debe tomarse a la ligera, ya que representa un sintoma de retrocesos concretos y una falta de impulso político en la implementación real y efectiva de los derechos reconocidos en la legislación vigente. “Este descenso es una señal de alarma. España ha logrado avances significativos en años recientes, pero no es suficiente contar con leyes; hay que aplicarlas, desarrollarlas y protegerlas frente a los constantes ataques que estamos sufriendo. La igualdad legal debe traducirse en igualdad real en todo el territorio, y eso hoy no está ocurriendo”, declaró Óscar Rodríguez, vocal de relaciones exteriores de la Federación Estatal LGTBI+.
A pesar de que el informe resalta logros importantes en áreas como la autodeterminación de género y la protección contra delitos de odio, existe una falta de voluntad política para garantizar la implementación efectiva de estas normas, especialmente en sectores críticos como educación, sanidad y empleo. Además, se alerta sobre el aumento del discurso del odio y las campañas organizadas contra los derechos del colectivo.
“Lo que está sucediendo en las aulas, redes sociales e instituciones es alarmante. Se están normalizando discursos de odio que vulneran derechos fundamentales. Y frente a esto, las respuestas institucionales están siendo lentas o incluso inexistentes”, añadió Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
El Rainbow Map 2025 también revela una tendencia generalizada hacia el retroceso en Europa. Países como Reino Unido o Georgia han experimentado caídas significativas en su clasificación debido a reformas legales regresivas, mientras que España no ha logrado mantener su posición frente a otros estados que han promovido reformas clave.
“El retroceso en derechos no siempre se traduce en leyes derogadas. A veces implica simplemente mirar hacia otro lado. Ese es el riesgo que corremos en España si no tomamos medidas urgentes”, enfatizó Iglesias. “No se trata solo de evitar pasos atrás; debemos seguir avanzando. Cada derecho conquistado debe ser aplicado, defendido y ampliado. La igualdad no puede estancarse: avanza o retrocede. En España, no podemos permitirnos frenar.”
Dada esta situación, la Federación insta al Gobierno y a todas las administraciones públicas a reactivar su compromiso con la igualdad mediante el desarrollo completo de la Ley Trans y LGTBI+, reforzando mecanismos de protección y asegurando que las políticas públicas lleguen a todas las personas independientemente de su lugar de residencia. “Este informe no es solo una clasificación; es un termómetro sobre los derechos y dignidad de millones. No podemos permitirnos descender más”, concluyó Iglesias.
España ha descendido al quinto puesto en el Rainbow Map 2025, elaborado por ILGA-Europe, que evalúa el grado de compromiso de los países europeos con los derechos de las personas LGTBI+.
España tiene un 74% de cumplimiento legislativo y de políticas públicas en relación a los derechos LGTBI+.
La Federación alerta sobre la falta de impulso político para implementar efectivamente los derechos reconocidos, el aumento del discurso de odio y la normalización de estos discursos en diversas instituciones.
Se menciona que hay falta de voluntad política para garantizar la implementación efectiva de normas, especialmente en educación, sanidad y empleo.
Se instó al Gobierno y a todas las administraciones públicas a reactivar su compromiso con la igualdad y garantizar el desarrollo completo de la Ley Trans y LGTBI+, así como reforzar los mecanismos de protección.