El Gobierno de España avanza en una significativa reforma del sistema judicial, calificada por el ministro Félix Bolaños como "la mayor transformación de la Justicia en décadas". La nueva Ley de reforma y reforzamiento de las carreras judicial y fiscal introducirá un proceso de oposición más riguroso, incluyendo una prueba escrita, y mejorará la igualdad de oportunidades mediante becas para opositores sin recursos. Además, se ampliarán las plazas para jueces y fiscales y se estabilizará el empleo de jueces sustitutos. La reforma también otorgará mayor autonomía a la Fiscalía General, desvinculando su mandato del Gobierno y asumiendo la responsabilidad de la instrucción judicial. Esta iniciativa busca alinear el sistema judicial español con los estándares europeos, garantizando un servicio público más eficiente y accesible. Para más información, visita el enlace.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado que la reciente iniciativa del Gobierno representa “la mayor transformación de la Justicia en décadas”. Esta afirmación se enmarca dentro de la Ley de reforma y reforzamiento de las carreras judicial y fiscal, que introduce un proceso de oposición más riguroso al incluir una prueba escrita. Además, se busca mejorar la igualdad de oportunidades para los aspirantes.
Según datos proporcionados por el ministro, un alarmante 95% de quienes logran acceder a una plaza como juez o fiscal dependen del apoyo económico de sus familias. Para contrarrestar esta situación, se ofrecerán becas a aquellos opositores sin recursos suficientes, equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional durante un período de cuatro años.
El Gobierno también ha anunciado que el Centro de Estudios Jurídicos comenzará a funcionar como un centro público dedicado a la preparación de opositores. Este contará con sedes en diversas provincias del país, facilitando así el acceso a la justicia en todos los territorios. Asimismo, cualquier preparador deberá estar registrado en un listado público.
Consciente de la necesidad de agilidad en el servicio público que representa la Justicia, el Ejecutivo ampliará el número de plazas para jueces y fiscales. Se implementará un cuarto turno para estos últimos y se convocarán plazas simultáneamente con otras ofertas para jueces. Otra medida destacada por Bolaños es la estabilización laboral de los jueces y fiscales sustitutos.
En lo que respecta a la reforma del Estatuto de la Fiscalía General, el ministro ha señalado que el mandato de esta institución no estará vinculado al Gobierno que lo designe. El nuevo mandato tendrá una duración fija de cinco años y se restringirán aún más las causas para su cese, excluyendo la pérdida de confianza por parte del Ejecutivo.
Además, se transferirá a la Fiscalía la responsabilidad sobre la instrucción judicial y penal, alineándose así con prácticas comunes en otros países europeos. Esta decisión responde al objetivo del Gobierno de acercarse a los sistemas judiciales más avanzados dentro de la Unión Europea.
Bolaños ha subrayado que esta reforma cumple con “todos los requerimientos del GRECO” y cuenta con el respaldo tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado. Según él, “será un sistema más europeo y más garantista”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 95% | Porcentaje de quienes acceden a una plaza de juez o fiscal que han necesitado ayuda económica de su familia. |
| 4 años | Duración de la beca para opositores sin recursos económicos, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional. |
| 5 años | Duración del mandato del Fiscal General, desligado del Gobierno que lo haya nombrado. |
La reforma incluye un endurecimiento del proceso de oposición para jueces y fiscales, incorporando una prueba escrita, lo que se considera “la mayor transformación de la Justicia en décadas”.
Se otorgarán becas a opositores sin recursos económicos, equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional durante cuatro años, para facilitar su acceso a la formación necesaria.
El Centro comenzará a actuar como un centro público de preparación para opositores, con instalaciones en diversas provincias del país, y los preparadores deberán estar inscritos en un registro público.
Se ampliarán las plazas disponibles creando un cuarto turno para fiscales y convocando plazas simultáneamente para jueces.
El mandato de la Fiscalía quedará desligado del Gobierno que lo nombre, tendrá una duración de cinco años y se limitarán los motivos de cese, excluyendo la pérdida de confianza del Gobierno.
La instrucción judicial y penal pasará a ser responsabilidad de la Fiscalía, alineándose con prácticas comunes en otros países europeos.
Bolaños afirma que la reforma incorpora todos los requerimientos del GRECO y cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.