Organizaciones como Greenpeace y Amigas de la Tierra han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que la futura Ley de Agricultura Familiar apoye una transición agroecológica justa. Las propuestas incluyen limitar el acaparamiento de tierras y aguas por grandes corporaciones, establecer un banco público de tierras, y crear un fondo para la transición agroecológica. Se destaca la necesidad de priorizar la pequeña agricultura y ganadería vinculada al territorio, así como fomentar prácticas sostenibles en respuesta a la crisis climática y de biodiversidad. La ley debe ser una herramienta clave para garantizar un futuro agrícola más sostenible en España.
Un grupo de organizaciones ambientales, entre las que se encuentran Greenpeace, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF España y SEO/Birdlife, ha presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una serie de propuestas para la futura Ley de Agricultura Familiar. Esta legislación es considerada una promesa del actual gobierno y su desarrollo ha estado marcado por un considerable retraso, ya que tras más de un año de espera, el Ministerio anunció el inicio de la consulta pública el pasado 3 de marzo.
Las organizaciones demandan que esta ley sea un instrumento efectivo para abordar la crisis climática y de biodiversidad, priorizando a la pequeña agricultura y ganadería vinculada al territorio. Entre las propuestas destacan medidas para limitar la concentración y el acaparamiento de tierras y aguas por parte de grandes corporaciones y fondos de inversión, así como el acceso a fondos públicos.
Las iniciativas presentadas incluyen la creación de un banco público de tierras y aguas, así como un fondo destinado a facilitar una transición justa hacia modelos agroecológicos. Además, se plantea poner fin a los incentivos que favorecen la agricultura y ganadería industrial.
Las organizaciones enfatizan que es crucial definir y priorizar la agricultura familiar dentro del marco legal propuesto. Este enfoque busca proteger a los pequeños productores que han sido desplazados por la industrialización del sector agrícola. En este sentido, se estima que en los últimos tres años más del 12 % de las explotaciones agrarias han desaparecido, siendo las más afectadas aquellas de menor escala.
La pérdida de biodiversidad, junto con el cambio climático y la escasez hídrica, está impactando severamente a la agricultura familiar. Según informes recientes del IPCC, Europa enfrentará pérdidas significativas en su producción agrícola debido a condiciones climáticas extremas.
Ante este panorama, las organizaciones solicitan medidas urgentes que respalden una transición agroecológica justa. Esto incluye fomentar prácticas agrícolas sostenibles que no solo ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, sino también a preservar los saberes tradicionales y promover el desarrollo rural sostenible.
Asimismo, se hace hincapié en la importancia del reconocimiento legal de los agricultores sociales y familiares como actores fundamentales en un modelo productivo más sostenible. La ley debe servir como herramienta para limitar el acceso a recursos públicos por parte de grandes corporaciones e impulsar políticas que favorezcan a los pequeños productores.
Puedes leer todas las propuestas en este enlace.
A medida que avanza el proceso legislativo, estas organizaciones instan al Gobierno a implementar todos los mecanismos necesarios para hacer realidad esta ley en un plazo máximo de año y medio. La urgencia radica no solo en salvar las explotaciones agrarias pequeñas sino también en asegurar un futuro sostenible para toda la agricultura en España.
La ley propone limitar la concentración y el acaparamiento de tierras y aguas, así como el acceso a fondos públicos de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. También incluye medidas como un banco público de tierras y aguas y la creación de un fondo para la transición agroecológica.
Es urgente debido al declive desmesurado de las explotaciones agrarias, especialmente las de pequeña escala, que han disminuido un 36% desde 2007. Además, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y el cambio climático afectan gravemente a la agricultura familiar.
Las propuestas incluyen apoyo a la pequeña agricultura y ganadería vinculadas al territorio, freno a la expansión de grandes corporaciones, impulso al relevo generacional en el sector agrario, refuerzo a la igualdad de género y creación de una mesa estatal para el diseño y seguimiento de la ley.
Organizaciones como Greenpeace, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF España y SEO/Birdlife han enviado sus propuestas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según el último informe del IPCC, Europa sufrirá pérdidas en la producción de cultivos debido a condiciones meteorológicas extremas como calor y sequía, afectando especialmente a la agricultura familiar.