El Tribunal del Condado de Zagreb ha condenado a dos individuos, incluyendo un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Croacia. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo, reveló manipulación en el proceso de licitación que favoreció a la empresa seleccionada, resultando en un sobreprecio de más de 319,000 euros. La empresa deberá pagar una multa de 400,000 euros y devolver el monto inflado. Los condenados incluyen un diseñador de documentación del proyecto y un funcionario municipal, quienes aceptaron los cargos mediante acuerdos de culpabilidad. Las investigaciones continúan para otros implicados.
El Tribunal de Condado de Zagreb ha dictado sentencia contra dos individuos, uno de ellos un funcionario público, y una empresa constructora, por abuso de poder y complicidad en estos delitos. La condena se produce tras una investigación del Fiscal Europeo, que indagó sobre la construcción de una planta para la clasificación de residuos en Miha?eva Draga. Este proyecto, valorado en 3,6 millones de euros, recibió financiación del Fondo de Cohesión de la UE, cubriendo hasta el 85% del costo.
Un diseñador de la documentación del proyecto, contratado por el municipio de Rijeka, fue hallado culpable de manipular el proceso público de licitación junto con otros funcionarios. El objetivo era favorecer a una empresa constructora previamente seleccionada, otorgándole así una posición privilegiada durante el procedimiento de contratación pública.
Se demostró que la empresa beneficiada tuvo acceso privilegiado al procedimiento y aumentó los precios en 319.341,97 euros. A pesar de las advertencias internas sobre irregularidades, los dos funcionarios implicados facilitaron la elección de esta compañía, lo que resultó en un daño financiero significativo tanto al presupuesto nacional como al europeo.
La empresa constructora ha devuelto el beneficio económico obtenido ilegalmente y ha sido condenada a pagar una multa de 400.000 euros. Por su parte, el diseñador del proyecto ha sido sentenciado a un año de prisión, aunque esta pena no será ejecutada si no comete otro delito dentro de un plazo de cuatro años. Uno de los funcionarios del municipio ha recibido una condena equivalente a diez meses, que se sustituye por trabajo comunitario.
Las sentencias son resultado de acuerdos entre las partes, ya que los acusados admitieron su culpabilidad respecto a todos los cargos. Las acciones legales continúan contra otros individuos implicados en esta investigación, incluyendo a otro funcionario del municipio y al gerente de una empresa municipal.
Todas las personas mencionadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes croatas. El Fiscal Europeo es la oficina pública independiente responsable dentro de la Unión Europea para investigar y perseguir delitos contra sus intereses financieros.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor total del proyecto | €3,6 millones |
| Porcentaje de cofinanciación del Fondo de Cohesión de la UE | 85% |
| Incremento de precios inflado por la empresa | €319,341.97 |
| Multa impuesta a la empresa constructora | €400,000 |
El Tribunal del Condado de Zagreb condenó a dos individuos, incluyendo a un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder y autoridad en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Miha?eva Draga.
El valor total del proyecto fue de 3,6 millones de euros, cofinanciado hasta en un 85% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.
Se descubrió que un diseñador de documentación del proyecto manipuló la convocatoria pública para favorecer a una empresa constructora preseleccionada, lo que resultó en un aumento injustificado de precios por un total de 319.341,97 euros.
La empresa constructora devolvió el beneficio económico ilícito y fue multada con 400.000 euros. El diseñador del proyecto recibió una pena de un año de prisión suspendida, mientras que uno de los funcionarios fue condenado a diez meses de prisión, que se convirtió en servicio comunitario.
Aún están en curso los procedimientos penales contra otros individuos implicados, incluyendo otro funcionario público y el gerente de una empresa municipal.