Esta decisión llega tras una serie de exclusivas publicadas por ElPlural.com, que destaparon las irregularidades urbanísticas de la vivienda del magistrado, ubicada en este municipio abulense de unos 2.500 habitantes.
El origen de la polémica se remonta a las revelaciones de ElPlural.com, que detallaron cómo el exalcalde socialista de La Adrada, Hilario Gabriel Rueda, paralizó las obras del chalet en su momento por carecer de "licencia de obra, proyecto e incluso plano". A pesar de ello, la construcción continuó y, en 2016, durante una gestión municipal liderada por el PP, el terreno pasó de ser "urbanizable" a "urbano" en un pleno controvertido, facilitando su legalización. El inmueble, registrado en el Catastro como un "almacén" a pesar de ser una vivienda de lujo de dos plantas con piscina y vistas a la montaña, ha sido objeto de debate durante años entre los vecinos, quienes llegaron a realizar pintadas en su fachada con mensajes como "prevaricador" y "chaletazo ilegal".
La presión para actuar ha aumentado tras la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ávila por Fernando Jabonero, un físico jubilado que acusó a la alcaldesa Martínez de omitir su deber de inspeccionar las presuntas infracciones urbanísticas del chalet, lo que podría constituir un delito según el artículo 320 del Código Penal. Tras tres requerimientos ignorados, el Ayuntamiento ha anunciado este viernes, según informó la Cadena SER, que inicia una "revisión" del expediente urbanístico de la finca. El consistorio ha designado a un arquitecto asesor municipal para analizar la documentación y determinar si la vivienda de Peinado cumple con la normativa.
El caso del chalet del juez Peinado, adquirido en 2007 por 15.950 euros según el Registro de la Propiedad pese a ocupar una parcela de 2.866 metros cuadrados, ha puesto en el foco mediático las contradicciones entre su uso declarado y su realidad. Además, el magistrado fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar 75.366,61 euros a una constructora por obras en la vivienda, que finalmente alcanzó un coste de 403.668,61 euros, un valor que multiplica por más de 25 el registrado oficialmente. Entre las irregularidades señaladas están la falta de conexión a la red de saneamiento municipal y la ausencia de una licencia de primera ocupación, cuestiones que han avivado las críticas de los vecinos y la oposición local.
La investigación municipal, que ahora el PP no ha podido eludir, podría tener implicaciones significativas. Jabonero, en declaraciones a ElPlural.com, planteó que, de confirmarse las ilegalidades, el chalet podría ser considerado "ilegalizable" y enfrentarse a una orden de demolición, un proceso que, aunque largo, sería un golpe simbólico para el juez que ha llevado adelante una causa tan mediática como la de Begoña Gómez. Mientras tanto, el PSOE local ha acusado al PP de mirar hacia otro lado durante años, especialmente tras el cambio de calificación del suelo en 2016, que contó con el apoyo de un concejal socialista discrepante, Juan José Tomás Esteban, condenado posteriormente por prevaricación.
Este nuevo capítulo reaviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en las instituciones, colocando al juez Peinado en una posición incómoda: quien investiga a otros ahora ve su propio patrimonio bajo escrutinio. La resolución de esta pesquisa podría no solo aclarar el estatus del "almacén" de lujo, sino también arrojar luz sobre las responsabilidades políticas y administrativas en un caso que combina urbanismo, justicia y política en el corazón de Castilla y León.