La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, supuestamente establecieron ocho empresas para malversar fondos de la UE destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. A pesar de haber adquirido 38 piezas de maquinaria, estas no se utilizaron según lo acordado y fueron parcialmente vendidas. La investigación, iniciada tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), incluye un caso separado de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan penas significativas.
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Sofía, Bulgaria, acusados de defraudar más de €6 millones del presupuesto de la Unión Europea. Este caso se enmarca dentro de un esquema a gran escala relacionado con maquinaria de construcción.
Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo criminal organizado cuyo objetivo era la malversación de fondos europeos. Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, establecieron ocho empresas distintas que gestionaron directa o indirectamente a través de terceros. Estas entidades solicitaron financiamiento bajo el Programa Operativo ‘Innovaciones y Competitividad’ (OPIC) 2014-2020, destinado a mejorar la eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas (PYMES), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).
Las empresas involucradas adquirieron un total de 38 piezas de equipo de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadores frontales, un bulldozer, camiones, cribas y transportadores, con un costo total que ascendió a €6 046 553. Sin embargo, según las denuncias, la maquinaria nunca fue utilizada conforme al acuerdo de financiación y fue vendida en parte.
En 2022, la EPPO llevó a cabo una serie de registros y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana. Las operaciones incluyeron las sedes de las empresas implicadas y propiedades relacionadas. Durante estas acciones, se incautaron documentos, computadoras y dispositivos móviles por parte de la Dirección General de Policía para la lucha contra el crimen organizado del Ministerio del Interior.
Aparte del fraude inicial, se ha iniciado una investigación separada por blanqueo de capitales contra uno de los acusados por presuntamente transferir €3 millones a un banco austríaco. Esta pesquisa comenzó tras un informe inicial presentado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan penas que oscilan entre uno y seis años de prisión por el uso indebido de fondos europeos y entre tres y diez años adicionales por su participación en una organización criminal.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes búlgaros.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Valor |
|---|---|
| Monto defraudado | €6 millones |
| Número de individuos acusados | 5 |
| Total de piezas de maquinaria adquiridas | 38 |
| Costo total de la maquinaria | €6,046,553 |
| Monto transferido a un banco austriaco | €3 millones |
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía ha presentado acusaciones contra cinco individuos sospechosos de defraudar más de 6 millones de euros del presupuesto de la UE mediante un esquema a gran escala que involucraba maquinaria de construcción.
Se estima que el monto defraudado supera los 6 millones de euros.
Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo criminal organizado que estableció ocho empresas diferentes para solicitar fondos bajo el Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinado a mejorar la eficiencia energética de las pequeñas y medianas empresas.
Se compraron 38 piezas separadas de equipo de construcción, pero la maquinaria nunca se utilizó según el acuerdo de financiación y parte fue vendida en su lugar.
En 2022, la EPPO llevó a cabo registros y confiscaciones en 25 ubicaciones, incluyendo las sedes de las empresas implicadas, donde se incautaron documentos, computadoras y equipos de construcción.
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van desde uno hasta seis años por el uso indebido de fondos europeos, además de tres a diez años por participación en un grupo criminal organizado.
La investigación comenzó tras un informe inicial presentado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.