Toni Valero, diputado de Izquierda Unida y portavoz en temas de Agricultura, ha presentado una iniciativa en el Congreso para poner fin a la explotación de recursos agrícolas saharauis por parte de Marruecos. La propuesta busca proteger la agricultura social y familiar en España, que se ve afectada por la competencia desleal de productos importados del territorio saharaui. Valero insta al Gobierno a cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara nulos los acuerdos comerciales con Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui. La iniciativa también aboga por soluciones en el marco del Derecho internacional y un etiquetado claro de los productos importados. Además, Valero reafirma el compromiso con el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en temas de Agricultura del Grupo Plurinacional Sumar, Toni Valero, ha dado a conocer esta mañana en el Congreso una iniciativa que busca poner fin a la explotación de recursos agrícolas en el territorio saharaui por parte de Marruecos. Esta acción también tiene como objetivo abordar el daño que esta situación causa a la agricultura social y familiar en España.
En una rueda de prensa celebrada junto a su compañera Tesh Sidi, Valero explicó que la proposición no de ley registrada hoy pretende detener la llegada al mercado español de grandes cantidades de productos como tomates, pepinos y melones, que compiten de manera desleal con los agricultores locales. Este expolio al pueblo saharaui representa un ataque directo a la agricultura profesional española.
La iniciativa solicita al Gobierno que cumpla integralmente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitida el 4 de octubre de 2024, que declara nulos los acuerdos comerciales en materia de pesca y agricultura con Marruecos. Estos acuerdos fueron firmados sin el consentimiento del Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui.
Además, el texto demanda soluciones dentro del marco del Derecho internacional para establecer acuerdos pesqueros y agrícolas con los representantes saharauis, así como medidas para proteger al sector agrícola y pesquero español. Valero subrayó la necesidad de ofrecer ayudas a las empresas y trabajadores afectados por la aplicación de esta sentencia.
Valero advirtió sobre las graves repercusiones que esta situación tiene para la soberanía alimentaria en España. Aseguró que el expolio a comunidades campesinas fuera del país está vinculado directamente con el daño a los agricultores españoles. “Esta proposición no de ley va a la Comisión de Agricultura no por casualidad”, afirmó, resaltando que se busca proteger tanto al pueblo saharaui como a los agricultores españoles frente a una competencia desleal respaldada por acuerdos ilegales.
El diputado insistió en la necesidad de un etiquetado claro sobre el origen de los productos importados, ya que detrás del expolio al pueblo saharaui se encuentra también una competencia desleal hacia los agricultores españoles.
Toni Valero consideró “fundamental” abordar estos temas y reafirmó que no existen justificaciones legales ni morales para la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Recordó que esta ocupación ilegal carece de vínculos históricos o culturales, tal como lo establece la resolución del Tribunal de La Haya en octubre de 1975.
Finalmente, Valero renovó su compromiso con la reivindicación del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, buscando cambiar la postura adoptada por el Partido Socialista en 2022 y resarcir así la responsabilidad histórica que España tiene hacia el pueblo saharaui.
El objetivo es acabar con la explotación de recursos agrícolas en el territorio saharaui por parte de Marruecos y mitigar el daño a la agricultura social y familiar en España.
Se mencionan productos como tomates, pepinos y melones que llegan al mercado español haciendo competencia desleal a los agricultores españoles.
La sentencia del 4 de octubre de 2024 que declara nulos los acuerdos comerciales en materia de pesca y agricultura con Marruecos, realizados sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La iniciativa propone ayudas a las empresas y trabajadores perjudicados por la aplicación de la sentencia del TJUE y un etiquetado preciso del origen de los productos importados.
Toni Valero sostiene que no hay ninguna razón legal ni moral para dicha ocupación, afirmando que está claramente acreditado que es ilegal según resoluciones internacionales.
Renovó el compromiso de seguir reivindicando el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental y cambiar la posición del Partido Socialista respecto a este tema.