El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza el acceso a la justicia y consolida derechos para las víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y estableciendo asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores afectados por delitos sexuales. Además, se atribuyen competencias específicas al Ministerio Fiscal en temas de violencia de género y sexual. La ley también modifica el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer la aprobación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una normativa que promete importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta ley refuerza el acceso a la justicia, asegurando derechos y garantías para quienes han sufrido este tipo de agresiones.
Entre las modificaciones más significativas, se encuentra la reestructuración de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y la mejora de la asistencia jurídica gratuita para las víctimas. Estas acciones son parte del cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, que establece una garantía integral de la libertad sexual.
La nueva legislación otorga a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer las competencias necesarias para abordar casos de violencia sexual. Esto se logra mediante cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiendo que estas secciones asuman el conocimiento e instrucción de procesos relacionados con delitos contra la libertad sexual, incluyendo mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual hacia mujeres.
Además, si un caso también puede ser tratado por la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, esta última deberá ceder su competencia a los juzgados dedicados a violencia sobre la mujer.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores víctimas de delitos sexuales, así como aquellos relacionados con mutilación genital femenina y acoso.
La reforma también afecta al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ahora tendrá la responsabilidad de coordinar criterios entre diversas Fiscalías en temas relacionados con violencia de género y violencia sexual.
Por último, se modifica la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta modificación permite que las víctimas menores o con discapacidad puedan participar desde sus ubicaciones actuales en procesos judiciales, recibiendo apoyo y protección adecuados.
La Ley Orgánica también incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores. Se restablece el texto previamente modificado por la Ley de Paridad respecto a despidos relacionados con trabajadores que tienen adaptaciones laborales o que disfrutan permisos por hospitalización familiar. Esta modificación busca combatir despidos considerados nulos hasta ahora.
Es una norma aprobada que busca mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual y consolidar sus derechos y garantías en el acceso a la justicia.
La ley modifica la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, permitiendo que asuman competencias en materia de violencia sexual.
Las mujeres y personas menores de edad víctimas de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.
Se le atribuye al Ministerio Fiscal la competencia para coordinar criterios de actuación en materias de violencia de género y violencia sexual.
Permite que estas víctimas puedan intervenir desde donde se encuentren, recibiendo asistencia, atención, asesoramiento o protección.
Se incorpora una modificación para recuperar el texto relacionado con despidos nulos de trabajadores con adaptación de jornada o permisos por hospitalización familiar.