Las multas de 2.000.000 de euros por cada poste ilegal podrían ser acaparadas, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones.
Apenas ha transcurrido menos de dos años desde el inicio de las emisiones de Decisión Radio y ya se encuentra al borde de la quiebra. De acuerdo con informantes de la estación, Ángel de la Rúa intentó sin éxito expandir desproporcionadamente el proyecto inicial de radio en streaming mediante la adquisición de emisoras piratas. La carencia de experiencia en el sector por parte del empresario dedicado a la limpieza, sumada a las ventas nulas, hacen que el proyecto sea inviable. La dirección de la cadena radiofónica ha hecho esfuerzos desesperados por aumentar el capital para poder mantener a flote este desastroso negocio, pero todos los intentos han sido en vano.
Aunque la cadena de radio presume contar con reconocidas personalidades de la comunicación española como Alfredo Urdaci, Javier Algarra o Albert Castillón, la realidad es que Javier Algarra se vio obligado a abandonar la cadena debido a problemas de pago y Alfredo Urdaci siguió el mismo camino que el periodista catalán.
Según fuentes relacionadas con la emisora, Decisión Radio se enfrenta a varios problemas, siendo su situación económica uno de los menores. Además, la empresa deberá hacer frente a multas millonarias debido a las sanciones administrativas impuestas por emitir en frecuencias piratas. Parece ser que Ángel de la Rúa es consciente de que pronto recibirá una gran cantidad de multas por utilizar postes sin licencia.
El informe enviado por el senador de Compromís Carles Mulet al Gobierno central meses atrás sobre este proyecto radiofónico, que no fue ignorado, parece tener consecuencias trágicas para la cadena. En su informe, el senador recordó que la dirección de la emisora es consciente de la ilegalidad de la mayoría de sus postes y señaló que la Ley General de Telecomunicaciones establece sanciones de 2.000.000 de euros por cada poste ilegal de la emisora.
Los expedientes sancionadores podrían estar a punto de cerrarse, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones. De esta forma, se busca asegurar el respeto hacia aquellos que han obtenido concesiones en un concurso y proteger sus derechos. Además, se pretende salvaguardar los derechos de los oyentes al garantizar una recepción óptima de las emisiones y evitar interferencias que puedan afectar a otros servicios.
La racionalización del espacio radioeléctrico, según fuentes del ministerio, se considera también un tema de salud pública debido a la alta generación de radiaciones. En palabras de las mismas fuentes, en muchas ocasiones se superan los límites legalmente permitidos. El objetivo es normalizar el espacio radioeléctrico para evitar emisiones ilegales y, por esta razón, se mantiene una comunicación constante con las diferentes administraciones involucradas. Se trabaja con máxima eficiencia y eficacia en el proceso de normalización del espacio radioeléctrico con el fin de tenerlo ordenado.
Todo indica que las posibles multas por los postes ilegales, que podrían superar los 10.000.000 de euros, y la situación calamitosa de la cadena obligarán a Ángel de la Rúa a poner fin a un proyecto que ha sido un fracaso tanto en lo económico como en lo periodístico.