Las marchas de este martes se congregarán en torno al Congreso de los Diputados, donde sus miembros se encontrarán reunidos en pleno
Los manifestantes, convocados por la Coordinadora 25S y la plataforma ¡En Pie!, y bajo el eslogan de ‘Rodea el Congreso’, tratarán de formar un cinturón alrededor el edificio a partir de las 18.00 horas. Las acciones tienen como objetivo pedir la dimisión de Mariano Rajoy y el inicio de un proceso constituyente, así como el rescate simbólico de la sede del Gobierno español que afirman se encuentra tomada por la Troika y los mercados financieros.
Las medidas policiales desplegadas han sido considerables; un dispositivo compuesto por 1.350 agentes de antidisturbios se encargará de la protección del edificio. El Cuerpo de Seguridad del Estado llevó a cabo el despliegue ya durante la noche del lunes y se prevé la participación de 27 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) dotados de 50 miembros cada uno. El plan se lleva a cabo a pesar de que los organizadores de la protesta han manifestado que su intención es rodear el Congreso, no ocuparlo, y que no perturbarán el paso de los diputados ni interrumpirán el normal funcionamiento de la institución.
La policía se situará estratégicamente con el fin de constituir varios filtros para controlar el tránsito de personas en las áreas adyacentes al Congreso, así como impedir el paso de las marchas provenientes de de la Puerta del Sol, Neptuno y Cibeles en dirección a la Cámara Bajara, con origen en el primer caso en Plaza de España y en el segundo, en el Paseo del Prado.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ya instó el pasado mes de agosto al Ministro del Interior a tomar las medidas necesarias para impedir cualquier incidencia, con motivo de la previsión de que el edificio pudiera escogerse nuevamente como sede de las protestas del 25 de septiembre.
El Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses en el caso de aquellos que “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” frente al Congreso de los Diputados cuando sus miembros estén reunidos, siempre que la acción suponga una alteración de su normal funcionamiento. También según el sistema penal será castigado todo aquel que sin ser miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, perturbe el orden de sus sesiones; la pena se plantea entre seis meses y un año en el caso de perturbación grave y de seis a doce meses en el caso de una perturbación más leve.