El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que la petrolera española tomará las medidas necesarias contra el Gobierno argentino por la expropiación del 51% de YPF.
Las reacciones ante la expropiación del YPF de la filial española Repsol no se han hecho esperar. El Gobierno argentino, presidido por Cristina Fernández, quiere llevar a cabo la nacionalización de la empresa, recuperándola para hacer que pase a dominio del Estado. Según han afirmado los directivos de la petrolera los motivos de esta decisión no son otros que tapar la crisis económica y social del país.
Por todo ello, Repsol ha exigido que el Gobierno argentino cumpla con la ley de privatización y los estatutos de la filial YPF. Así, según esta ley, estarían obligados a pagar 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por el 57,4% de la participación española en Argentina, pues Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (14.000 millones de euros), o lo que es lo mismo, 46,55 dólares por acción, según las circunstancias actuales.
Sin embargo, la petrolera aún no ha recibido la oferta pública que viene determinada por la ley, ya que si se procede a la compra de más del 15% de las acciones se debe lanzar una oferta de adquisición sobre el 100% del capital de la compañía. “Las autoridades argentinas desean expropiar a precio de saldo YPF, sin formular oferta pública de adquisición de acciones", ha declarado Brufau. Ha señalado también que el valor de YPF es mucho más elevado, pero que están pidiendo el precio que estipula la ley, y que entre sus objetivos está recurrir a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Además, la nacionalización argentina no va a quedar impune, según ha afirmado Brufau. Y es que la empresa tiene la intención de ir a los tribunales y llegar hasta el final, exigiendo un resarcimiento por daños y perjuicios, además de presentar varias demandas que giran entre lo administrativo y las comisiones de los mercados de valores. "No está justificada la medida desde el punto de vista de la utilidad pública y resulta inadmisible tachar la política de YPF de cortoplacista y reductora de reservas", ha declarado el presidente de la petrolera.
También ha recordado que la nacionalización está acompañada de campañas de coacción y filtraciones interesadas para provocar la caída en las acciones de YPF y facilitar así su expropiación a precio de saldo, y es que es justo lo que ha pasado, pues desde ayer las acciones de YPF en bolsa sufrieron un desplome en el mercado antes de suspender su cotización.