27.300 millones de euros, el mayor recorte en la historia de la democracia. Los Presupuestos Generales del Estado para este 2012 han sido austeros y polémicos, no solo por el ahorro, sino especialmente por su contenido.
“Todos ustedes conocen la difícil situación que atraviesa nuestro país”… Como aquel que avisa para no que se le llame traidor, Soraya Sáenz de Santamaría pretendió una cierta condescendencia por parte de todo aquel al que llegasen sus palabras. De este modo comenzaba su intervención ante los medios en la que cifró el ajuste presupuestario para este año: 27.300 millones de euros. Pero redondeando. Unas cuentas públicas que buscan corregir un desvío de casi 60.000 millones, según instituciones como Funcas, y con un contenido que recoge puntos más o menos críticos, como el alza de impuestos a las empresas; más o menos austeros, como el recorte en las partidas ministeriales y más o menos calientes, como esa “amnistía” fiscal que convierte a los infieles a la fe en Hacienda.
Gasto
Cuando uno quiere ahorrar, por donde primero pasa la tijera es en el gasto. Si uno quiere irse de vacaciones en verano debe dejar que su economía “hiberne” un tanto durante el invierno. España, que lo último que debe es tomarse unas vacaciones, ve cómo los ceros en sus cuentas han menguado.
Por un lado, en el gasto de los Ministerios. Un ajuste que deja en sus carteras una media del 16,9% menos de dinero con respecto al año pasado. Así, Ministerios como Defensa, Empleo y Seguridad o Interior apenas verán menguar sus partidas con recortes inferiores al 10% y compensarán aquellas otras carteras cuyos bolsillos han sufrido un verdadero roto: Fomento, con casi un 35%, o Exteriores y Cooperación, con nada más y nada menos que un 54,4% con respecto a sus fondos en 2011. Unas cuentas que, paradójicamente, hace que no le salgan los números a muchas de las Administraciones Autonómicas, como la gallega en lo que se refiere a su AVE (o Avant, mejor dicho) o, especialmente, a los diplomáticos españoles, que ven cómo más que nunca se llama al buen hacer de su don de la palabra en vez de a la chequera para el mantenimiento de los intereses nacionales. Nada paradójico, en este caso, cuando parece que España solo tiene que llevarse bien con Bruselas.
Por otro lado, se han confirmado otros rumores que han venido circulando de un tiempo a esta parte, como la congelación de los sueldos del funcionariado (amén del aumento de su jornada laboral) o la eliminación de muchas políticas activas de empleo, como son los programas de formación o las bonificaciones a la contratación; todas ellas “con un buen nombre aunque nada eficaces ni operativas”, en palabras del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Recortes que suman más de 1.500 millones de euros en ayudas a la vivienda y la inversión. Aun con ello, la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, aprovechaba y destacaba que tanto la actualización de las pensiones como las prestaciones por desempleo o el gasto social en becas se van a mantener. No todo iban a ser disgustos.
Novedades fiscales
Dejando a un lado todos esos dimes, diretes, dije, digos y Diegos; sí se ha mantenido una de las promesas más firmes de la campaña electoral de los populares: no se ha subido el IVA para no perjudicar ni el consumo ni, por ende, la base de la recuperación económica. Sin embargo, Sáenz de Santamaría sí ha hablado de una nueva “regularización fiscal”. Bien, hablemos entonces de “reformas”.
En primer lugar, una subida del Impuesto de Sociedades, genérica para todas las PYMES y especial para las grandes empresas como el propio esfuerzo que el Gobierno les reclama. Aparte, se crearán nuevos marcos tributarios para productos como el tabaco, dentro de un paquete de medidas que, junto con la ya anunciada reforma del IRPF, pretende recaudar alrededor de un extra de 12.300 millones.
Un paquete, no obstante, con bastante más de saco roto. Y es que el apellido estrella que acompaña a estos Presupuestos es el de “amnistía fiscal”. Una medida que pretende recaudar 2.500 millones de euros y que, una vez más, vuelve a tasar ridículamente el valor de la ética. La idea es que todos aquellos contribuyentes que, hasta diciembre de 2011, hayan defraudado a Hacienda (bien evadiendo impuestos a otros países o blanqueando dinero directamente en España) puedan ahora “legalizar” sus cuentas pagando únicamente un impuesto especial del 10% y quedando libres de cualquier sanción o proceso judicial. Una medida que, en palabras del propio Montoro, la propia Unión Europea “aconseja tomar a aquellas economías que estén en una situación difícil”.
Justificaciones, válidas o no, que suenan vacías sin embargo en aquellas mismas personas que, antes de las elecciones, calificaron de “locura socialista” ante tan solo oír proponerlas. Ahora, el Gobierno de los ya 103 días las ha aprobado. “El espíritu es poner en marcha todas las medidas necesarias para crecer”, zanjaba Sáenz de Santamaría. Y el objetivo reducir el déficit del 8,5% de 2011 al 5,3% acordado con Bruselas para este año. Aunque, ¿a cualquier precio?