Sin llegar a ser Woodstock, aunque con la pretensión por parte de los sindicatos de que, al menos, se le asemeje en aforo; la Huelga General busca llevar a las calles la protesta generalizada contra la Reforma Laboral. Desde el Gobierno zanjan la cuestión: “no nos harán retroceder”.
Al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no le ha temblado la voz cuando, ante los medios, reafirmaba su postura innegociable frente a la huelga. “Los sindicatos tienen todo el derecho a convocar este paro general, aunque no servirá para hacer retroceder al Gobierno”, aseveró el político cántabro. Para Montoro, “está en juego salir de la crisis económica” y, ante una situación límite como la de actual, “el Gobierno se ve obligado a hacer reformas que modernicen al país”.
Unas reformas que, según los sindicatos, antagonizan con ese papel de modernidad que se les pretende conferir desde el Gobierno. Idea que, principalmente, busca hacerse eco en las principales ciudades del país y cambiar las tornas, haciendo ver que el recorte de derechos del trabajador no es sinónimo de “modernidad”, de avance; sino, como los propios sindicatos dicen, de un “claro retroceso”. De un modo u otro, lo cierto es que, siendo objetivos, dicha reforma “homologa la legislación laboral a la del resto de países europeos”, en palabras del propio Montoro. Para sus más acérrimos defensores, esta es la única consideración que debe hacer el Gobierno en un momento de crisis en el que, además, la Unión Europea debe salir más unida y reforzada que nunca.
Países como Francia tienen el despido en 12 días por año trabajado, Alemania en 15 días o Suecia, directamente, lo tiene libre. No obstante, ¿acercarnos a Europa (que no igualarnos todavía) significa que lo hecho está bien? Esa es la pregunta, y que tenga respuestas muy dispares es lo que ha parado a España hoy. Al Gobierno se le achaca haber pecado en exceso de demagogia y a los huelguistas de importunismo: el coste de la huelga se estima en 3.000 millones para la economía nacional. Eso, claro, si la ciudadanía decide sumarse: para un trabajador con un sueldo medio (1.000 euros), hacer uso de sus derechos le cuesta 150 euros.
“Avanti” España
El primer ministro de la república italiana, Mario Monti, se ha echado el capote como parte de su atuendo desde que, hace unas semanas, cargó muy duramente contra la economía española. “Mi confianza en el proceso de consolidación que se desarrolla en España es firme”, afirmó ayer el mandatario transalpino.
Capote tras capote, aprovechó al mismo tiempo para mantear conjuntamente a ambos países, destacando la ínfima probabilidad de contagio a día de hoy entre las economías periféricas, donde “gracias a las nuevas reglas disciplinarias y a los cortafuegos financieros se han hecho los deberes”, en palabras del propio Monti. Un baño de autocomplacencia que, sin embargo, terminaba con una de esas predicciones más propias del tarot que de un economista: “la crisis de deuda soberana de la zona euro casi ha terminado”, apostillaba el primer ministro. Mientras casi sigue siendo un adverbio indefinido, España hoy está de huelga.