La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el extesorero del PP, Luis Barcenas, en prisión preventiva desde hace 19 meses por el caso Gürtel, y le ha impuesto una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión.
Si deposita ese dinero, podrá salir a la calle, pero tendrá la obligación de comparecer en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional los lunes, miércoles y viernes, se le retirará el pasaporte y no podrá abandonar el país.
Era la quinta vez que la defensa de Bárcenas había solicitado su puesta en libertad desde que entró en prisión preventiva el 27 de junio de 2013. El extesorero del PP, con todos sus bienes embargados, tendrá ahora que reunir 200.000 euros, algo complicado pues ha llegado a alegar que tiene dificultades para pagar los gastos corrientes de su domicilio.
Bárcenas había pedido ya la libertad provisional, sin éxito, en ocho ocasiones: cinco al juez instructor, Pablo Ruz, que se la denegó en todos los casos; y tres a la Sala de lo Penal de la Audiencia. En esta ocasión, la cuarta, los jueces argumentan su decisión en la necesidad de ponderar los delitos que se le imputan, con una instrucción ya terminada, y el largo tiempo transcurrido en prisión preventiva, próximo a los dos años, que es el periodo máximo que permite a ley (salvo prórrogas excepcionales) para esta medida cautelar. "Debemos armonizar con el pleno arraigo del apelante en España y su carencia de antecedentes penales, lo que disminuye el riesgo de huida", contemplan los jueces.
"A este respecto, conviene recordar que en la ponderación del peligro de fuga debe conjugarse, además de las características y la gravedad de los delitos imputados y de las penas con que vienen siendo castigados, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado", añade la Sala. A favor de Bárcenas ha jugado el arraigo "personal, social, familiar y laboral" que, según los jueces, tiene Barcenas en España.
La cuantía de la fianza es mucho menor a lo que reclama la fiscalía y el juez y de lo que Bárcenas aún debe pagar a las arcas públicas (ocho millones de euros).