Aquellos que profetizaron sobre la “agenda oculta” del nuevo gobierno tan solo alcanzaron a ver sus tapas. La nueva reforma laboral se tiñe de un matiz revolucionario carente para gran parte de la población, sin embargo, de su idea de progreso. Algo que no impide, eso sí, que también rueden cabezas.
Ya no se sabe si las confesiones al oído y los micrófonos abiertos fueron intencionados. Del “esta reforma me va a costar una huelga general” al “paquete de medidas extremadamente fuertes”, de Mariano Rajoy a Luís de Guindos pasando por todo el Consejo de Ministros: más de uno puede pensar que lo hicieron para preparar a la ciudadanía para el golpe. Pero este ha sido mucho más bajo de lo esperado. Ahora, y tras haber calculado mal dónde cubrirse, la reforma ha dejado sin oxígeno y con mucha incertidumbre el futuro laboral de la población activa española.
Aunque, previo a cualquier análisis, se le debe reconocer cómo ha sabido recoger el testigo de ese cambio de rumbo que se hacía necesario para España. Con la tasa de paro como objetivo a batir, la reforma se puede sintetizar en un paquete de medidas destinado a agilizar los flujos de contratación y demanda laboral. La “reforma antiparo”, han llegado a suscribir algunos. De hecho, de entre sus puntos clave destacan tres medidas concretas que pretenden hacer frente a la alta tasa de desempleo: una primera, que garantiza la cobertura de desempleo a los hombres y mujeres menores de 30 y 35 años, respectivamente, que se atrevan a embarcarse en un proyecto autónomo; una segunda, según la que se aumentan a los 30 años el techo para los contratos de formación y aprendizaje, con bonificaciones para las empresas; y una tercera y última que desgrava aún más a aquellas empresas que contraten a jóvenes en paro.
Medidas en las que, sin embargo, muchos otros ven el eufemismo de los intereses empresariales bajo el velo de la “reforma laboral”. El pendón de protesta que durante el fin de semana se ha enarbolado en muchas ciudades españolas carga directamente contra una reforma que, a su manera de entender, desprotege y priva al trabajador de muchos de sus derechos. ¿Habrán virado en el gobierno demasiado brusco hacia estribor? La reducción en las indemnizaciones por despido apuntan a que el timonel ha sido fue de menos grácil. A partir de la publicación en el BOE de esta nueva Ley Orgánica, los trabajadores indefinidos serán indemnizados por despido improcedente con un máximo de 2 anualidades y 33 días por año trabajado. Un “abaratamiento del despido” que roza precios de liquidación si se le suma el punto más conflictivo y novedoso de toda la reforma: despidos con indemnización de 20 días por año trabajado si una empresa registra durante nueve meses consecutivos una situación económica con tendencia negativa. ¿Quiere decir que si sufre pérdidas puede despedir a sus empleados? No. Quiere decir que si sus beneficios menguan durante nueve meses seguidos puede acogerse a este tipo de despido, sin importar que sus cuentas sigan siendo positivas.
¿En quién ha pensado el Partido Popular a la hora de hacer la reforma? ¿En los empresarios, los mercados, la Unión Europea, Sarkozy o tal vez Merkel? Los que la defienden alegan la flexibilidad que esta aporta al mercado laboral y tachan de cínicos a sus detractores. Si bien es verdad que eran necesarias unas medidas, igualmente cierto es que no a cualquier precio. De una crisis que ha fermentado durante más de seis años no se sale (ni se debe salir) en un solo día. Si es que la soberanía sigue residiendo en el pueblo, de él y hacia él deben dirigirse los intereses de los gobernantes; por muy urgente que sea cualquier reforma.