La Audiencia de Palma ha estimado parcialmente los recursos de apelación planteados por la Fiscalía y la defensa de la infanta Cristina de Borbón y ha dictado un auto por el que la desimputa del delito de blanqueo de capitales que le atribuía el juez instructor, José Castro.
Eso sí mantiene para ella las imputaciones por su cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos en 2007 y 2008 por su marido, Iñaki Urdangarín.
La sección segunda, formada por los magistrados Diego Gómez Reino, Mónica de la Serna y Juan Jiménez Vidal ha adoptado su resolución por unanimidad respecto a 14 recursos interpuestos contra el auto dictado el pasado 25 de junio por el juez instructor, José Castro. Dicha resolución suponía pasar el sumario a procedimiento abreviado, la antesala de la apertura de juicio oral.
La Audiencia de Palma abre para Cristina de Borbón un escenario procesal complejo, porque su defensa intentará evitar que sea juzgada alegando la llamada doctrina Botín sentada por el Supremo en 2007.
La doctrina Botín es un límite al ejercicio de la acusación popular, que establece que no cabe continuar adelante con un proceso en el caso de que no exista acusación particular. Y la Fiscalía y la Abogacía del Estado han optado por no acusar a Cristina de Borbón de estos dos delitos fiscales, así que sólo acusa Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Ahora todo queda en manos del juez.