Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada en la 'operación Púnica', entre los que se encuentra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, cobraban supuestamente comisiones del 3% por cada contrato.
La trama, que habría intervenido en contratos por valor de 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos -PP, PSOE y los independientes de la UDMA- y no la financiación de sus respectivas formaciones.
De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
El Partido Popular convocaba esta tarde a las 17:00 horas y con carácter de urgencia al Comité Nacional de Derechos y Garantías para hacer efectiva la suspensión de militancia de todos los implicados del PP en la operación Púnica, que se ha saldado con la detención de decenas de personas por corrupción en Valencia, Murcia, Madrid y Castilla y León.
El eurodiputado y vicesecretario de Programas y Estudios del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que el PP está "indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción". Con la suspensión de militancia inmediata —aunque se hará efectiva esta tarde— de todos los implicados (detenidos e imputados), los conservadores han tomado una decisión inédita que da cuenta de la preocupación de dirección del partido ante la sucesión de casos de corrupción tan graves en sus primeras filas.